Disputa en el campo de la industria energética que involucra al programa neodesarrollista que encarna el nuevo gobierno mexicano y la ofensiva de las clases dominantes locales-trasnacionales defensoras del neoliberalismo a ultranza. Cabe a los movimientos populares y emancipatorios profundizar en el debate y la construcción de alternativas a estas cuestiones medulares. El problema es que el gobierno “progresista” quiere resolverlo tomando partido por el capital, militarizando el país y atacando a las comunidades que se resisten.
En la actualidad, el país experimenta más de 400 conflictos de materia ambiental con decenas de organizaciones sociales y defensores del medio ambiente atropellados por los instrumentos represivos del Estado.
El presidente López Obrador mantiene su postura conservadora enfrentada a la demanda de miles de comunidades de revertir las más de 26 mil concesiones mineras (alrededor de un cuarto del territorio nacional) imperantes en el país.
En el marco de las contradicciones que necesariamente componen a los gobiernos construidos sobre la base de conciliación de clases, las fuerzas populares y de clase deberán estar atentas sobre la estrategia y horizontes de sus luchas en el corto, mediano y largo plazo (y su relación indisoluble), es decir, en la necesaria construcción económica y política de proyectos alternativos.