Cuando las protestas estallaron en Nicaragua en abril de 2018, desde un principio quedó claro que los medios informativos nacionales serían un campo de batalla. Apenas un día después del comienzo de la crisis, el Gobierno les ordenó a las empresas de TV por cable interrumpir las señales de como mínimo cinco canales. Para finales de año, el CPJ había documentado ataques, arrestos e inclusive operativos de vigilancia contra periodistas.