Cabe llamar al Estado y a la sociedad mexicana a emprender un esfuerzo real y sostenido de reparación de las injusticias acumuladas en contra de las comunidades indígenas, para lo cual se cuenta ya con un marco legal sustentado en tratados internacionales, pero susceptible de robustecerse en la legislación federal. Un primer avance en esa dirección pasa por frenar o replantear en términos armónicos con los derechos indígenas, todos aquellos proyectos extractivos, turísticos o de infraestructura que afecten sus territorios, de manera que no se sumen nuevos agravios a los históricamente perpetrados.