En una carta pública, De Gregorio planteó 13 razones por las cuales la ley en cuestión atenta contra la esencia del sistema de planificación, entre ellas, que elimina el carácter autónomo de los consejos comunales y los convierte en órganos dependientes y controlados por el Gobierno nacional, mediante la creación de una Comisión Presidencial encargada de avalar su conformación, existencia y uso de los recursos.