El problema empieza con el requisito de que cada campesino o campesina cuente con 2.5 hectáreas de tierra en posesión, lo que significa que la mitad de las tierras del país, que son de los ejidos y comuneros, deberán perder su carácter de bienes comunes y pasar a la división en propiedades privadas. Ese es el progresismo de López Obrador y se explica su obsesión por acabar con el zapatismo y los autogobiernos comunitarios que se extienden por todo el país.