Este asedio creciente y brutal contra las comunidades que se han aglutinado en torno al sistema de la CRAC-PF, por parte del grupo de la delincuencia organizada, ha obligado a que 16 comunidades nauas tomen el acuerdo de implementar medidas de seguridad, redoblando la vigilancia en las entradas a sus poblaciones y estableciendo una guardia permanente que proteja a las familias cuando se desplazan para realizar sus trabajos en el campo