El asesinato de los diez músicos de la comunidad de Alcozacán, forma parte de otro capitulo de la siembra del odio, donde las dieciséis comunidades, que se han adherido a la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), están asediados por las comunidades adscritas al grupo autodenominado Paz y Justicia, que han sido cooptados por “Los Ardillos”. Lo más grave es que dentro de las estructuras comunitarias, se han podido montar los grupos de la delincuencia organizada, vendiendo la idea, de que su presencia es para proteger a la comunidad y su territorio ante amenazas externas. Son los civiles armados de la delincuencia los que ejercen el poder en esta región.