Las alarmas han sonado en diversas dependencias del gobierno federal identificadas como prescindibles, y muchas de las cuales desaparecerán por el decreto publicado el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, para ajustarse a los criterios, discrecionalmente aplicados, de “eficiencia, honestidad, austeridad y justicia”, que fundamentan estas políticas.
El decreto pospone las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de 38 programas que la persona del Ejecutivo federal estima “prioritarios”, entre los cuales, además de los conocidos programas asistenciales, individualizados y clientelares, se encuentran los controvertidos megaproyectos, declarados por el Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno, EZLN, y numerosas organizaciones comunitarias, regionales, sociales, gremiales, académicas y de investigación social, como una virtual declaración de guerra contra los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y poblaciones urbanas que van a ser, y están siendo afectadas.
Así, el decreto es la expresión de políticas propias de la acumulación militarizada, del adelgazamiento del Estado y la imposición de megaproyectos desarrollistas que se topan ya con la firme resistencia de pueblos y trabajadores, que ansían un mundo distinto del que ofrece el capitalismo.