Trece personas detenidas como parte de la “Primera Línea”, incluidos niños, se encuentran en prisión preventiva desde el 13 de marzo. A mediados de esta semana, un juez decidió sustituir esa medida por prisión domiciliaria total. En el contexto del coronavirus, el juez justificó su fallo, entre otras cosas, en “razones humanitarias”. Pero horas después, la Corte de Apelaciones intervino: abrió un expediente al juez, lo suspendió y dejó sin efecto su resolución. En esta columna, el doctor en Derecho Claudio Nash plantea que esta decisión da cuenta de un Poder Judicial que actúa “de manera negligente” y “duro con los perseguidos”.