Con el retiro del proyecto de sentencia del ministro Laynez Potisek los pueblos y sus acompañantes dan un paso más en defensa de los territorios indígenas, pero no han ganado la guerra. Es de esperarse que en los próximos días se presente otro proyecto que, hipotéticamente, sea diferente en sus argumentos pero con las mismas conclusiones, o diferente en sus argumentos y en sus conclusiones, con base en el cual los ministros y la ministra de la segunda sala de la Suprema Corte habrán de tomar una determinación. No es un caso sencillo. Las empresas mineras lo saben y presionan para defender sus privilegios, tanto que el Presidente de la República acaba de declarar esenciales sus actividades para que puedan iniciar operaciones aun en la pandemia del coronavirus. Pero justo por eso la Suprema Corte debería hacer valer los disposiciones de nuestro sistema jurídico y restituir el estado de derecho.