Sabedora de que la población local se ha organizado para defender sin violencia y con la razón de su lado el patrimonio ambiental de las futuras generaciones, la minera canadiense ha profundizado, con base en ingeniería de conflictos, sus acciones para cooptar voluntades políticas y dividir con dinero y presuntos programas sociales a la población de Putaendo y San Felipe, siempre bajo la máscara de la “responsabilidad social corporativa”.