El pasado 7 de agosto en Vícam, Sonora, ante los gobernadores de los ocho pueblos yaquis, el Presidente de la República firmó un decreto para crear la Comisión de Justicia del Pueblo Yaqui, que abordará uno de los ejes históricos del despojo que ha sufrido dicho pueblo y constituye un caso excepcional en la política neoindigenista en curso, que privilegia la atención individual a través de diversos apoyos económicos.
Hay que tener presente la experiencia sobre el acueducto Independencia que opera contra todas las resoluciones judiciales en favor de la tribu yaqui y las movilizaciones del conjunto de los ocho pueblos, ya en el caso del gasoducto la Secretaría de Energía logró “acuerdos” a favor con siete de los ocho pueblos y dejaron sólo a Loma de Bácum. ¿En serio se dirá adiós al despojo histórico?