El año próximo deberían celebrarse elecciones para presidente en Nicaragua, y para integrar una nueva Asamblea Nacional. La buena fe del régimen, si la tuviera, debería estarse demostrando desde ahora, en busca de crear garantías democráticas suficientes que permitan a los ciudadanos elegir de verdad, sin trampas, y que todo el proceso estará sometido a la observación internacional. Sería la única manera de superar pacíficamente la crisis política, social y económica que agobia al país.
Pero está ocurriendo todo lo contrario. El régimen ha tomado más bien la iniciativa de apretar las tuercas antidemocráticas a través de dos medidas legislativas que están ya en marcha: restablecer la cadena perpetua como castigo a los delitos de odio, con la intención de castigar a los adversarios; y perseguir a esos mismos adversarios, estigmatizándolos como agentes extranjeros.