Pasado casi un mes del inicio de la revuelta, el pueblo se volcaba cada vez con más fuerzas y multitudinariamente a las calles, la crítica al sistema económico-social era generalizada y se avanzaba en la consciencia de la necesidad de la organización popular.
El acuerdo al que llega el oficialismo con la “oposición”, se hace luego de una jornada de extrema violencia por parte de los aparatos represores y, en palabras de algunos participantes, con un gobierno que amenaza con llevar a cabo un golpe de estado en el país si no se firmaba el documento.
Ante este escenario de profunda crisis de gobernabilidad, el bloque en el poder busca, a través de cualquier medio, frenar la revuelta popular y traslada la discusión del movimiento social al parlamento, bajo las reglas y tiempos que ellos imponen. De esta forma, la fisura generada por el uso extremo de la violencia, se subsana en pro de unificar los poderes del Estado y se genera una demostración de fuerzas que posibilita la salida institucional a la problemática social.