La criminalización de la lucha social por aparatos judiciales del Estado capitalista ha sido una constante en México. A través de este recurso “legal”, hombres y mujeres que resisten la recolonización de sus territorios por corporaciones que incluyen el crimen organizado, son encarcelados por delitos comunes, sometidos a juicios prolongados en los que no se respeta el debido proceso, la presunción de inocencia, se presentan víctimas y testigos a modo, y se neutraliza, por esta vía, toda expresión organizativa de protesta comunitaria y popular.