En términos más generales, si bien es cierto que el gobierno federal no representa amenaza alguna a la libertad de expresión, debe reconocerse que ésta continúa siendo una dolorosa aspiración en diversas regiones del territorio nacional, en las que los poderes económicos, políticos o delictivos, así como la connivencia entre dueños de medios y autoridades, hacen imposible contar los hechos o bien obligan a los informadores a distorsionarlos o minimizarlos.