En la diseminación del coronavirus los Estados no han incluido a la sociedad en su conjunto como elemento activo y deliberativo para enfrentar la pandemia. Sólo han previsto la participación de sectores que por su trabajo especializado tienen capacidad de atender a los infectados y a los enfermos. Han permitido trabajar presencialmente a aquellos que contribuyen con una actividad esencial a la reproducción de la sociedad: trabajo de la construcción, producción y distribución de alimentos y materias primas, comercio y banca. Eso significa dejar a millones de habitantes (a nivel mundial a miles de millones) en condición de relativa inacción, pasividad y aislamiento.