la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con sede en Arusha (Tanzania), dictaminó que el Gobierno de Kenia había violado los derechos del pueblo ogiek expulsándolo repetidamente de sus tierras ancestrales situadas en el bosque Mau. En la sentencia, que fallaba que el Gobierno había violado siete de los 68 artículos de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, se le ordenaba adoptar medidas para corregir la situación.
Sin embargo, casi cuatro años después, los ogieks continúan esperando a que se ejecute la sentencia. Las leyes medioambientales y de conservación siguen negando a los ogieks el acceso al bosque para vivir o cazar y miles de pobladores de dentro y fuera de la comunidad ogiek han sido expulsados del bosque en los últimos años, incluso durante la pandemia.