Si bien en los últimos años en Venezuela se han ampliado espacios de mercado y nuevos actores participan en ellos, estos espacios están arbitrariamente regulados, con una presencia estatal que se limita al beneficio de la élite política y sus aliados económicos. Los beneficios obtenidos por la minería son opacos y sus ganancias benefician poco a los trabajadores y comunidades. Más importante aún, estos nuevos espacios de mercado en ocasiones se van forjando a través de las armas, la depredación ambiental y la explotación laboral.