Ese plan incluye dos propuestas principales. En primer lugar, se demanda la derogatoria inmediata de la disposición que permite el alza gradual y mensual del precio de los combustibles, la cual está vigente desde julio 2020.
En segundo lugar, se plantea una normativa de “alivio financiero” que establece una moratoria de un año para que los deudores del sistema financiero, golpeados por la pandemia, no paguen sus deudas.