La tesis que es juzgada, conocida como “marco temporal”, impone la fecha de promulgación de la Constitución, en octubre de 1988, como límite administrativo para solicitar el reconocimiento de tierras. Es la traducción jurídica de la presión económica y propietaria para interrumpir procesos no iniciados ni resueltos hasta la actualidad, blindando especialmente las regiones “productivas” o potencialmente atractivas para el capitalismo rural.Por dentro, pero también por fuera de la lógica estatal y del derecho donde hoy se da la pelea, los pueblos nos enseñan un mundo que no es una versión “cultural” del nuestro, sino otro, que resiste hace milenios y, aunque la ley beneficie el despojo, no ha podido ser definitivamente pacificado.