El devastador genocidio de 1994 se cobró la vida de más de 800.000 tutsis, hutus moderados y twas. El Estado se ha embarcado en un ambicioso programa de reconciliación y reconstrucción a través de iniciativas de desarrollo y soluciones “caseras” de unidad nacional. Pese a que la comunidad internacional lo considera un caso de éxito, los organismos de derechos humanos cuestionan el rechazo del gobierno ruandés a la autoidentificación indígena bajo el argumento de que crea “divisionismo étnico”. La insistencia en una identidad nacional única implica el despojo de tierras, el desplazamiento forzado y la negación de derechos a los pueblos indígenas.