Éste no es un retén, ni un peaje, sino el ejercicio autónomo y material de las prerrogativas de nuestro derecho de propiedad sobre el territorio del Resguardo, como lo contempla la legislación colombiana y la jurisprudencia constitucional. Además, no se trata de desconocer el derecho a la locomoción o libertad de circulación de la población colombiana en nuestro territorio sino hacerla compatible con el ordenamiento territorial ancestral y los derechos de los que somos titulares.