La decisión del gobierno de Daniel Ortega se da dos semanas después de que se celebraran las controvertidas elecciones presidenciales en Nicaragua, en las que el mandatario resultó reelecto con 75% de los votos, con la mayor parte de la oposición en la cárcel o en el exilio.
La Asamblea General de la OEA aprobó hace unos días una resolución de condena de las elecciones, por considerar que “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.