Se les movió el piso a los representantes de los intereses mineros. Mareados reaccionan con furia. Aunque lo siguen defendiendo de forma desesperada, su discurso empotrado en la seguridad jurídica se desmorona. Y no es para menos. La Corte Constitucional, con una resolución histórica, ha determinado que la actividad minera afecta gravemente la seguridad jurídica. Se entiende la seguridad jurídica integral.