El poder político de las elites de origen criminal en Colombia se afianza en la redefinición del monopolio de la fuerza del Estado para favorecer intereses privados y en la captura del tributo nacional para su enriquecimiento particular. Todo con el visto bueno de las distintas fracciones del bloque dominante que también se beneficia de esos arreglos y con el aval de uno de los guardianes del orden mundial. La guerra contra las drogas y las narrativas sobre el narcotráfico se han afinado para favorecer la hegemonía de órdenes privados de claro origen criminal y que soslayan la vigencia de la sociedad civil, que fundamenta las viejas aspiraciones democráticas liberales.