La criminalización de los pueblos indígenas que se oponen a las políticas del actual gobierno federal es lo que está detrás de la denuncia que el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, antes compañero de quienes ahora persigue, interpuso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la toma del inmueble en el que despachaba, ejecutada hace 15 meses por la comunidad otomí residente en esta ciudad.