Durante la última década, las debilidades de la democracia asiática fueron en aumento a medida que los Estados se inclinaron hacia la centralización y la autocracia. Durante la pandemia del Covid-19, esta situación empeoró por procesos legislativos controvertidos que afectaron los derechos e intereses de los pueblos indígenas.
En este sentido se otorgaron estímulos y compensaciones a empresas extractivistas, como la renovación automática de licencias y la apertura de nuevas áreas de explotación minera ambientalmente sensibles.