La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el presidente Nayib Bukele, decretó cerca de las 3:00 a.m. del domingo un estado de excepción pedido por el presidente para, se supone, combatir una escalada en los homicidios que el sábado 26 de marzo dejó 62 cadáveres en las calles del país. Con esto, la ley permite al Ejecutivo suspender por 30 días los derechos constitucionales de libre asociación, de acceder a un abogado defensor, de ser presentado ante un juez en un plazo no mayor a 72 horas, y permite al gobierno intervenir sin orden judicial correos y comunicaciones.