Las condiciones de vida limitadas que impone la prisión unida a la precaria atención sanitaria añaden una nueva pena a las personas allí encerradas que ven con impotencia como además de perder su libertad, se ven condenadas a enfermar. Al no proporcionarles tampoco un acceso oportuno, aceptable y asequible a los servicios de atención de salud de calidad suficiente, se está violando su derecho humano a la salud, lo que convierte, de nuevo, la detención en una pena corporal