Tras siete meses en prisión y un año de arresto domiciliario en el que no pudo reunirse con nadie a quien la policía pudiera identificar como «perteneciente al Movimiento No Tav», Dana está por fin en libertad, pero su caso sigue siendo un peligroso precedente de represión de los movimientos sociales al atacar de hecho la posibilidad de hablar y expresar la disidencia.