Tras la reforma energética de 2013, el Estado pudo obligar a los dueños de tierras a rentarlas a las empresas, incluso, cuando se trate de proyectos que afecten a pueblos indígenas. Añadiéndose que los gobiernos locales deberían contribuir a los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos. De manera que, tendrían que garantizar la entrega de autorizaciones y permisos. Es decir, las autoridades estatales y municipales tendrían la obligación de permitir los proyectos, sin importar las consecuencias que tuvieran en sus territorios.