La privatización de los servicios de agua y saneamiento ha tenido como constante abrir la puerta a distintas modalidades de acaparamiento, sometiendo por un lado el agua a la lógica de mercado y, por el otro, el bien común público al interés privado. La gestión de las empresas privadas se ha caracterizado por la falta de transparencia, de rendición de cuentas y de participación ciudadana.