Tras el decreto que clasificó al Tren Maya como obra de “seguridad nacional”, su administración legal recae en la Presidencia de la República o en la Secretaría de Gobernación (SG), aseveró el presidente López Obrador. Puntualizó que su administración entregará dicho decreto al juez que lo requirió dentro del proceso contra el proyecto que han emprendido diversos sectores de la sociedad civil, a quienes se ha otorgado amparos que detuvieron la construcción del tramo 5 (Cancún-Tulum) por algunos meses, trabajos que se retomaron tras la declaratoria de “seguridad nacional”.