Actualmente los militares han ejercido una fuerte presión contra las autoridades civiles para que no se ponga en riesgo su supuesta honorabilidad. Se niegan a comparecer ante los tribunales civiles. Lo más grave es que las autoridades federales han cedido a sus pretensiones de no ser investigados. Una de las pruebas de esta claudicación es que se han cancelado 16 órdenes de aprehensión contra elementos del ejército. Al mismo tiempo el fiscal especial fue obligado a renunciar.