Un Estado de excepción en manos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Honduras, ejes fundamentales del golpismo y el régimen de JOH, y que no han sido reformados ni refundados, otorga más poder a instituciones que han demostrado su captura por estructuras mafiosas y criminales y que pone en riesgo la protección y seguridad del pueblo hondureño. La lucha contra la inseguridad, debe pasar por desestructurar las finanzas de grupos criminales que pasan por los bancos nacionales, así como sus vínculos con terratenientes y grupos de poder, así como con las mismas fuerzas de seguridad del Estado.