Tuvo lugar una Asamblea en la que participaron mujeres y hombres, miembros de comunidades afectadas por proyectos de minería ilegal y proyectos concesionados a empresas transnacionales (chinas, canadienses, australianas y otras), por el Estado ecuatoriano. La Asamblea convocada por el Frente Nacional Antiminero y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONAIE), tuvo un posicionamiento de firme crítica frente a la política extractiva minera conducida por el actual gobierno del presidente Guillermo Lasso, en el Ecuador.