Tras la llegada de Dina Boluarte al poder, la violencia contra la población no cesa. La represión y las muertes se concentran en la región sur del Perú, donde la población quechua y aymara es mayoritaria. Los gobiernos autónomos y las organizaciones indígenas han sido las primeras en denunciar el racismo de Estado. Mientras el Gobierno intenta deslegitimar las protestas acusando a los manifestantes de terrorismo, la organización colectiva gana poder y representatividad sin un liderazgo concreto.