En los últimos cinco años (2018-2022) los sistemas democráticos de Centroamérica se han debilitado y una de las tendencias es el autoritarismo en donde las cortes de justicia son utilizadas para fines políticos. En este contexto, Guatemala, El Salvador y Honduras han sido clasificados con democracias híbridas, es decir, los poderes de contrapeso del Estado (Asamblea legislativa, sistemas de justicia incluyendo las fiscalías, instancias electorales e instituciones que auditan los presupuestos públicos) son capturados por los gobernantes que adoptan retóricas de confrontación y tratan a los opositores como enemigos.