El Congreso de Chile aprobó el pasado miércoles una ley que amplía las facultades de los cuerpos policíacos para hacer uso de las armas al enfrentar a la delincuencia. Conocida como “gatillo fácil”, la legislación fue promulgada de inmediato por el presidente Gabriel Boric. Si bien el gobierno de izquierda trabajó para borrar del proyecto original los aspectos más impresentables, se trata de una normativa que vulnera los derechos humanos al aumentar la arbitrariedad y facilitar los abusos por parte de los uniformados.