Cuando en 2001 la clase política mexicana negó la posibilidad de una profunda reforma al Estado mexicano, que mediante el reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres abriera la puerta a una nueva relación entre pueblos originarios y Estado, contribuyó a la agudización de diversas problemáticas y generó consecuencias que hasta el día de hoy observamos. Una de ellas tiene que ver con la intensificación del proceso de acumulación por despojo.