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Desde 2000, la población más aguerrida del país no acepta el ingreso de los uniformados
La Paz | La Prensa.- No existe ningún lugar en la República donde no se ejerza el poder policial”, afirmó rotundamente el viceministro de Régimen Interior, José Luis Harb. Para desaire del gobierno, esto es falso. Y si quedan dudas, lo corrobora el comandante Departamental de la Policía, Guido Arandia, quien afirmó contundente que, sin garantías la policía no ingresa en Achacachi. A tres años de ausencia en el territorio, Arandia expresa que las fuerzas del orden tampoco regresaron a las comunidades anexas a la población de Achacachi -desde los traumáticos sucesos de 2000, cuando los comunarios capturaron a un militar y lo mataron a golpes. Ese tema, de la presencia policial, dice, debe ser tratado por el Prefecto y el Comandante General. Para Arandia, la falta de seguridad imperante en la provincia no es broma. “No se puede volver así nomás, porque en cualquier momento la gente de ahí toma y puede atentar contra nosotros de nuevo”.
El temor de la Policía no es gratuito, pero Harb insiste en que podría realizar una conferencia de prensa en la plaza de Achacachi, si es necesario. A 90 kilómetros de la urbe paceña, la realidad está muy distante de los deseos del Viceministro; las principales autoridades achacacheñas y los habitantes de la tradicional “Rinconada” -compuesta por pequeñas comunidades cercanas a Achacachi-, están convencidas de la innecesaria presencia de las fuerzas policiales.
Ante la ausencia de la ley, las peleas, riñas, robos y violaciones han pasado a ser objeto de juzgamiento interno, recurriendo incluso, a los comités cívicos y juntas vecinales.
El Alcalde, Francisco Quispe, militante del MBL, tiene su visión del problema. Para él, la presencia policial “no es necesaria”; esta institución -dice- perdió credibilidad debido a su comportamiento en la provincia. La corrupción y el desinterés por la población son los argumentos esenciales en la decisión provincial de no contar con el organismo del orden. “No los estamos extrañando (a la Policía), gracias a nuestra organización hasta el momento no hemos tenido muchos problemas”, sostuvo Quispe.
El Alcalde declara además que sólo aceptará el retorno de la Policía cuando ésta cambie de mentalidad y “deje de ser déspota con su pueblo” y, en el afán de lograr su cometido, Quispe improvisa: “Para controlar la delincuencia y la afluencia de bares estamos coordinando con todas las instituciones vivas, como las juntas vecinales y el comité cívico”.
La republiqueta del MIP
Prescindir de la Policía es un punto en común entre los principales representantes del campesinado omasuyense en el Gobierno: Felipe “Mallku” Quispe y Germán “Inca” Choquehuanca (ambos del Movimiento Indígena Pacachuti-MIP). La presencia policial está por demás al no adecuarse a la “cosmovisión andina que busca una seguridad autárquica en base al control y la seguridad comunitaria”, sostienen ambos.
Choquehuanca asume, por su lado, que el papel de la Policía ha sido asumido por las autoridades indígenas y que con los “pacos” fuera de la circunscripción provincial se ha reducido la violencia. La realidad campesina es diferente dice el “Inca”, olvidando por completo lo que demanda la Carta Magna. Es más, expresa que desde 2000 se están desempeñando autoridades tradicionales “porque el policía trae ladrón, el ejército guerra y el subprefecto corrupción”.
¿Seguridad comunal o policía del MIP?
Omasuyos quiere ser el ejemplo de la recién bautizada “seguridad comunitaria”, cueste lo que cueste.
El primer paso ya estaría dado con el reconocimiento y la vigencia de la justicia comunitaria expresado a través de las autoridades originarias (mallkus, jilakatas y mamat’ajllas). El segundo paso, apunta a la implementación de una “policía comunitaria” cuyo carácter coercitivo contaría con el total apoyo de las comunidades aledañas a Achacachi, aunque esto contradiga abiertamente la Constitución Política del Estado.
