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ECUADOR: UNA PROLONGADA INESTABILIDAD
Raul Zibechi
Hace diez años se instaló en Ecuador la inestabilidad político-social, como
consecuencia de la irrupción de nuevos actores (el movimiento indígena)
enfrentados a la resistencia de las viejas élites que se niegan a abandonar
el control del Estado.
El triunfo del presidente Rafael Correa en la consulta del pasado do-
mingo 15 de abril, en la que su propuesta de convocar una Asamblea
Constituyente consiguió el respaldo de más del 80 por ciento de los ecua-
torianos, abre un proceso electoral para elegir constituyentes con una fuerte
polarización entre la derecha y el gobierno.
En sus primeros meses de gobierno Correa no pudo superar la inesta-
bilidad institucional que vive el país desde hace más de diez años: desde
1996 ningún presidente terminó su mandato, ante las reiteradas insurrec-
ciones y protestas sociales que sacudieron al país. Parece difícil que ahora
lo consiga, ya que la población –y muy en particular el movimiento indíge-
na– no parece dispuesta a tolerar el dominio de las élites blancas que
sumieron al país en la pobreza pese a contar con amplios recursos natura-
les, sobre todo petróleo; y esas élites no se resignan a perder sus privile-
gios provocando un clima de confrontación.
El sorprendente triunfo de Correa en las elecciones del 26 de noviem-
bre, se relaciona con la existencia de una sociedad civil organizada que ha
venido mostrando su rechazo a los planes neoliberales. Sin partido y sin
candidatos al Congreso, el nuevo presidente cuenta con el respaldo de una
porción significativa de los ecuatorianos. Tiene por delante la ardua tarea
de desmontar un Estado colonial creado por las élites. Su principal arma,
que viene provocando una tenaz resistencia de esas mismas élites, es la
convocatoria de una Asamblea Constituyente que permita refundar el país
y dotarlo de un Estado que represente a quienes han sido excluidos duran-
te cinco siglos.
*
Este artículo fue publicado originalmente en: Programa de las Américas del Internatio-
nal Relations Center (www.ircamericas.org), el 25 de abril de 2007.
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La historia larga
El último presidente que terminó su mandato fue el conservador Sixto
Durán Ballén (1992-1996). A partir de ese momento se sucedieron ocho
presidentes en un clima de agitación social casi continua. Pero la inestabi-
lidad comenzó en realidad en 1990, cuando un potente levantamiento indí-
gena, en el mes de junio, comandado por la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas del Ecuador (Conaie) provocó un temblor político y social
y colocó a los indígenas en el centro del escenario ecuatoriano. En adelan-
te serán la fuerza con la que será necesario negociar o confrontar, pero ya
no volverán a ser un actor secundario o sumergido.
Abdalá Bucaram venció en las elecciones de 1996, pero su gobierno
duró menos de seis meses ya que fue destituido por el Congreso al decla-
rarle «incapacidad mental para gobernar». El derechista Bucaram realizó
una gestión tormentosa, plagada de irregularidades y provocó masivas mo-
vilizaciones en su contra. Le sucedió por unas horas la vicepresidenta Rosalía
Arteaga, pero el Congreso entregó el poder a su presidente, Fabián Alarcón,
que actuó como presidente interino hasta que en agosto de 1998 Jamil Mahuad
venció en la segunda vuelta electoral al millonario Álvaro Noboa.
Mahuad gobernó entre el 10 de agosto de 1998 y el 22 de enero de
2000. En esa fecha una amplia revuelta indígena –en medio de una quie-
bra financiera que llevó a congelar los depósitos de los ahorristas y a
sustituir la moneda nacional por el dólar– apoyado por un grupo de coro-
neles rebeldes, entre los que destacó Lucio Gutiérrez, lo forzó a renunciar
asumiendo el cargo el vicepresidente Gustavo Noboa. Las elecciones de
2002 las ganó Gutiérrez gracias al masivo apoyo indígena, ya que el ex
coronel se había comprometido con un programa de cambios profundos al
declararse «nacionalista, progresista y revolucionario» y proponer una «se-
gunda independencia» para Ecuador. Gutiérrez incluyó a destacados diri-
gentes indígenas en su gabinete, como la canciller Nina Pacari, la primera
mujer indígena en asumir ese cargo en el continente.
Pronto Gutiérrez traicionó a sus aliados. Firmó un acuerdo con el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), decidió un programa de ajuste estruc-
tural y se apoyó en la derecha del Partido Social Cristiano (PSC). La
Conaie sufrió una dura crisis de la que aún no se ha recuperado totalmen-
te. Por un lado, los dirigentes se alejaron de sus bases ya que muchos
ocuparon cargos en el gobierno. Por otro, Gutiérrez utilizó los recursos del
Estado para dividir y cooptar al movimiento, y llegó a utilizar una represión
selectiva contra los que resistieron, hasta que en julio de 2003, seis meses
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después de instalado un gobierno que levantó enormes expectativas, la
Conaie retiró a sus militantes del gabinete.
En la medida que el gobierno de Gutiérrez se hacía más impopular,
crecieron las protestas. Los acuerdos con los organismos financieros in-
ternacionales llevaron a la privatización de las empresas estatales de elec-
tricidad y telecomunicaciones y la suspensión de las subvenciones para el
consumo de gas. El 20 de abril de 2005 el Congreso destituyó a Gutiérrez
en medio de una masiva protesta urbana focalizada en las clases medias y
los jóvenes de Quito, conocidos como los «forajidos» (nombre que el pre-
sidente había usado contra sus críticos).
Su sucesor, Alfredo Palacio, tomó distancia de la política proestado-
unidense de Gutiérrez y nombró al economista Rafael Correa como minis-
tro de Economía. En este punto se produce un viraje en la historia reciente
del país. Desde el ministerio Correa negoció con el presidente de Vene-
zuela, Hugo Chávez, la venta de 500 millones de dólares en bonos de la
deuda externa y decidió que una parte de las exportaciones de petróleo no
se usaran para pagar la deuda sino para gastos sociales. Pero las presio-
nes de Washington, del FMI y del Banco Mundial forzaron la renuncia del
ministro y Palacios promovió un giro a la derecha y se dispuso a firmar un
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
El péndulo giraba una vez más hacia la derecha. Pero, también una
vez más, los indígenas tomaron la iniciativa. En marzo de 2006 se produjo
el último gran levantamiento indígena (en total más de diez desde 1990).
Manifestaciones, bloqueos de carreteras y paralización del país que fue-
ron respondidas por el gobierno con el decreto del estado de emergencia
en la mitad del país (11 de 22 provincias). Los sectores populares se mo-
vilizaron bajo el lema «No queremos ser colonia de Estados Unidos» y
consiguieron una resonante victoria. El 15 de mayo de 2006 el gobierno de
Palacios debió dar marcha atrás: decidió expulsar a la Occidental Petroleum
(OXY) y confiscar sus activos, una medida que venía reclamando el mo-
vimiento social, como forma de descomprimir la situación. De esa mane-
ra, quedó trabada la firma del TLC ya que la Casa Blanca señaló que en
esas condiciones no lo firmaría. En este clima se produjo el triunfo electo-
ral de Correa.
La historia reciente
De cara a las elecciones del 15 de octubre Rafael Correa creó el grupo
Alianza País, que reúne a un conjunto de grupos progresistas. La izquierda
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tradicional presentó sus candidatos, como suele hacerlo siempre. Y el movi-
miento indígena se empeñó en la candidatura de Luis Macas, presidente de
la Conaie. Ninguno de estos dos sectores tuvo mayor respaldo en las urnas
y ninguna posibilidad de derrotar a la derecha aglutinada en torno al magna-
te bananero Álvaro Noboa. En la primer vuelta ganó Noboa (hubo denun-
cias de fraude nunca comprobadas ni descartadas) seguido de Correa. Para
la segunda vuelta se creó un vasto movimiento político-social de apoyo a la
candidatura de Correa, integrado por los partidos Pachakutik (indígena),
Movimiento Popular Democrático, Partido Socialista e Izquierda Democrá-
tica, pero sobre todo sostenido por más de 200 organizaciones sociales.
Este amplio movimiento frustró la victoria de la derecha que parecía
estar en condiciones de vencer. Correa se mostraba contrario al TLC, a
considerar «terroristas» a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia) como pretende la administración. Dijo que no renovaría el
contrato de la base militar de Manta que operan las fuerzas armadas de
Estados Unidos y apostó al proyecto de integración regional liderado por
Hugo Chávez, el ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas). Sobre
el tema clave del petróleo fue tajante: «No podemos permitir que de cada
cinco barriles producidos, las multinacionales se lleven cuatro y nos dejen
uno. Vamos a revisar la participación del Estado en estos contratos»
(Lemoine, 2007).
Aunque defendió su amistad con Chávez dijo que no es «chavista»,
pero aseguró que «somos parte acreedora del socialismo del siglo XXI que
busca la justicia social, la soberanía nacional, la defensa de los recursos
naturales y una integración regional que se base en una lógica de coordi-
nación, cooperación y complementariedad» (Lemoine, 2007). Con este
discurso y esos apoyos venció en la segunda vuelta del 26 de noviembre
con el 57% de los votos. Fuera del país fue una sorpresa. Su triunfo fue
abrumador en la sierra andina habitada por quechuas (llegó al 75% en la
provincia de Cotopaxi) y superó el 60% en casi todas las provincias de la
selva. Pero perdió en tres provincias de la costa –baluarte de la oligarquía
bananera y financiera– aunque obtuvo una excelente votación en varias
de ellas, incluso en Guayas, donde está Guayaquil la segunda ciudad del
país, alcanzó el 43%57.
Sin perder tiempo, Correa se propuso convocar la Asamblea Constitu-
yente. De inmediato el Congreso puso reparos al señalar que los cien
diputados electos no cesarían en sus funciones aunque sesione la Asam-
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Datos del Tribunal Supremo Electoral del 28 de noviembre, en: www.hoy.com.ec
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blea. Por el contrario, Correa pretende que la Constituyente tenga la po-
testad de revocar al parlamento y a todos los cargos electos. El 1 de
marzo el TSE (Tribunal Supremo Electoral) convocó a los ecuatorianos a
una consulta para que decidan si quieren convocar una Asamblea Consti-
tuyente, a celebrarse el 15 de abril. La convocatoria directa no la puede
realizar el gobierno y como Correa no presentó listas al parlamento la
mayoría de los diputados (57 en 100) se negaron a hacerlo. Por esa razón
es necesario dar este paso intermedio.
Pero a comienzos de marzo la mayoría del Congreso decidió relevar al
presidente del TSE, que el mismo parlamento había nombrado, por haber
convocado al plebiscito. A su vez, el TSE destituyó a los 57 diputados que
votaron la destitución de su presidente con el argumento de que la legisla-
ción ordena la destitución de todo funcionario que obstruya un proceso
electoral (Lucas, 2007). La puja de poderes llevó a que el parlamento
estuviera cerrado durante un mes. El gobierno apoyó la resolución del
TSE y mantuvo una guardia policial en torno al Congreso para impedir que
los legisladores destituidos ingresaran al recinto y sesionaran. El Congreso
volvió a sesionar el 10 de abril, luego de un mes de inactividad, con una
mayoría de diputados suplentes, reconociendo de esa manera la validez de
la destitución de los 57 diputados. La tenacidad de Correa había triunfado
ya que pudo superar la crisis sin violar la legislación y consiguió hacer
realidad el plebiscito para convocar la Constituyente. Más aún, a partir del
ingreso de los suplentes el Congreso pasó a tener una mayoría favorable
al presidente.
Parece evidente que Correa no podría haber salido airoso de esta
confrontación si no fuera por los amplios apoyos que goza entre la pobla-
ción (un 70% según los sondeos) y por el enorme descrédito de la
«partidocracia», como denominan los ecuatorianos a los políticos, a los
que consideran corruptos. Ahora le queda por delante la elección de los
130 integrantes de la Constituyente, que se realizará entre octubre y no-
viembre de 2007. Cien serán elegidos por circunscripción provincial, 24
por circunscripción nacional y 6 por los emigrantes residentes en Europa y
Estados Unidos.
Un nuevo movimiento social
Loa partidos de la derecha controlan la vida política del país y el aparato
estatal desde hace 25 años. Incluso el ex jefe del FMI, Michel Camdessus,
reconoció que Ecuador se caracteriza «por una relación incestuosa entre
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banqueros, grupos de presión político-financieros y funcionarios corrup-
tos»58. Esos llamados «funcionarios corruptos» son en realidad los políti-
cos de los partidos PRIAN (Partido Renovador Institucional de Acción
Nacional) de Álvaro Noboa, el PSP (Partido Sociedad Patriótica) del ex
presidente Lucio Gutiérrez, el Partido Social Cristiano y la Unión Demó-
crata Cristiana. Estos partidos se vienen repartiendo cargos y prebendas
del Estado. Por esa razón la credibilidad del Congreso y de los políticos
apenas alcanza el 5%, y fue lo que permitió que Correa ganara las elec-
ciones, entre otras razones por no presentar candidatos al parlamento
(Tamayo, 2007).
Los 17 grupos económicos más grandes del país cuentan con 563
empresas que tienen ingresos por cinco mil millones de dólares, el 14% del
PBI de Ecuador. Pero su declaración del impuesto a la renta de 2005
equivale sólo al 6% del total recaudado (Op. Cit.). Sólo el Grupo Noboa,
de Álvaro Noboa que compitió con Correa en las últimas elecciones, tiene
144 empresas, tuvo ingresos de 575 millones de dólares en 2005 y ganan-
cias de 3,9 millones de dólares. Pero en el impuesto a la renta declaró
apenas 978 mil dólares (Tamayo, 2007). Estos datos son una pequeña
muestra de los grupos económicos que dominan el país, representados por
la derecha y que nombran funcionarios corruptos que les permiten evadir
impuestos. Y estos grupos temen que un gobierno transparente ponga fin a
sus fabulosas ganancias.
Contra este estado de cosas nació en la última década un «movimien-
to ciudadano» que es el que ha llevado a Correa al gobierno. El economis-
ta Pablo Dávalos59 sostiene que en Ecuador hubo tres actores importantes
en las últimas décadas: los trabajadores, cuyo protagonismo se debilitó con
el modelo neoliberal; los indígenas, que pese a su gran protagonismo están
desgastado en sus «dinámicas, discursos y propuestas»; y el nuevo movi-
miento ciudadano que representa un abanico heterogéneo de intereses y
se propone como principal objetivo «la reforma política» (2007).
No se trata de un movimiento tradicional con perfiles definidos pero
representa una reacción moral profunda de la ciudadanía. «Se plantea la
moralización del sistema político liberal, expresada en la despartidización
de los organismos de control, de elecciones, de justicia, y en cambios
procedimentales de la representación y el ejercicio del poder que contem-
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Citado por Roger Burbach en: «Nuevo gobierno izquierdista triunfa en la confrontación
con la derecha», en Alterinfos, 2 de abril de 2007.
Entrevista a Pablo Dávalos, Montevideo, 12 de abril de 2007.
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plen, entre otras medidas, la revocatoria del mandato, los mecanismos
anticorrupción y la fiscalización al sistema político» (2007). «Moralizar» la
política puede parecer poco según la mirada de la vieja izquierda, pero en
el contexto ecuatoriano sería una verdadera revolución. Lo cierto es que
este movimiento difuso está cambiando el país: primero echó abajo a
Gutiérrez y ahora llevó al palacio de gobierno a Correa.
A diferencia de los movimientos anteriores, el actual movimiento ciu-
dadano está integrado por las capas medias de las ciudades que se volvie-
ron consumistas con el modelo neoliberal y ahora exigen una democracia
que funcione. Esas capas medias se han beneficiado con la dolarización y
sobre todo con las remeses de los emigrantes. Entre 2000 y 2005 se fue-
ron del país dos millones de ecuatorianos en una población de 12 millones.
Sus remesas en 2006 fueron de 3.000 millones de dólares, una cifra fabu-
losa que se acerca a los 3.600 millones de dólares que representan las
exportaciones anuales de petróleo, el principal rubro exportador de Ecua-
dor. Ese dinero llega directamente a las familias y lubrica un consumo
centrado en los malls. Para Dávalos, «las capas medias pretenden que el
sistema político funcione con la misma transparencia con la que creen que
funciona el mercado» (2007).
El desafío que tiene por delante el presidente Correa es darle transpa-
rencia y eficiencia al sistema político, lo que supone reformarlo a fondo.
Primero debe superar la resistencia de las élites y de los funcionarios
estatales. Pero en segundo lugar, debe afrontar la contradicción que supo-
ne no salir de la dolarización, que convierte al país en una colonia de la
economía estadounidense, mientras enarbola un discurso de soberanía
nacional y se resiste a renovar el contrato por la base de Manta. Si retorna
a la moneda nacional, las capas medias se sentirán defraudadas ya que su
capacidad de consumo no se podrá mantener. Pero si no lo hace, millones
de campesinos y de pobres urbanos, o sea indígenas, se seguirán empo-
breciendo ya que sus economías fueron destruidas por la dolarización. A la
larga, deberá optar entre los ganadores y los perdedores de la dolarización.
Una elección difícil pero imposible de eludir.
