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Campesinos ocupan tierras de una plantación de soya
Santa Cruz | El Deber.- Alrededor de 200 campesinos, rompiendo rejas, ingresaron la noche del domingo último a la propiedad agropecuaria San Cayetano del Grupo Mónica, ubicada 30 kilómetros a la derecha de Colonia Piraí, en la provincia Santistevan.
Esta situación motivó la acción del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que a través de una comisión se trasladó ayer hasta el lugar donde notificó a los campesinos para que abandonen la propiedad, pero no aceptaron el diálogo.
Intimación
El responsable de la Unidad de Saneamiento Simple del INRA, Líder Justiniano, al no tener respuesta a su intención de buscar cierta conciliación, hizo leer la intimación a uno de los dirigentes y le otorgó un plazo de 48 horas para que abandonen la propiedad. Este plazo vence el miércoles a las 17:30 horas.
Los campesinos que han tomado parte de la propiedad, están levantando algunas “chapapas” para guarecerse.
Luego de las averiguaciones, el INRA supo que se trata de gente de la zona de Minero, Chané, San Pedro y otras comunidades.
La propiedad San Cayetano de 4.200 hectáreas, fue adquirida hace dos años por el Grupo Mónica. Actualmente tiene sembrada 2.600 hectáreas con soya de invierno y el objetivo es llegar a 3.600 este año.
El grupo Mónica, que está entre los mayores productores de soya de Bolivia, cultivando 30 mil hectáreas, es una sociedad integrada por empresarios brasileños y bolivianos.
El director regional del INRA, Fernando Cuéllar, explicó que los dueños de San Cayetano han seguido las acciones que el procedimiento establece para el saneamiento.
Aclaró que la propiedad está con todos los trámites de campo para que se haga la evaluación técnica jurídica y se cumpla con el saneamiento respectivo.
Exigen mano dura
El presidente de Anapo, Carlos Rojas, dijo que exigirá a las autoridades el cumplimiento de la Ley INRA. “Esa propiedad está en pleno proceso de saneamiento y tiene autorización para desmontar. Además cumple la función económica y social, paga sus impuestos, genera empleo y divisas”, dijo.
Agregó que no es posible que gente que actúa al margen de la Ley trate de perjudicar al sector productivo. Anapo exigirá mano dura y que se castigue a los responsables.
INSEGURIDAD
El fin de la ocupación, según Anapo, es crear inseguridad jurídica que no hacen más que llevar a la incertidumbre en las inversiones del sector agropecuario.
Sin embargo, Carlos Rojas de Anapo dijo que no permitirá esas acciones y además pidió a la Prefectura se disponga de la fuerza pública para preservar la seguridad de trabajadores y la maquinaria.
