Imprimir
Enviar
Declaratoria XXVIII Reunión Plenaria del CNI Región Centro Pacífico Comunidad Indígena coca de Mezcala, Jal.
CONGRESO NACIONAL INDIGENA
REGIÓN CENTRO PACÍFICO
DECLARATORIA
XXVIII Reunión Plenaria del Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico
Comunidad Indígena coca de Mezcala, Jalisco
Convocados y reunidos en la comunidad coca de Mezcala, Jalisco, los pueblos, tribus y naciones wixáritari de Durango; coca, wixáritari y nahua de Jalisco; purhépecha y nahua de Michoacán; naa savi, mephaa, nahua y nancue ñomndaa de Guerrero; triqui, binnizá y naa savi de Oaxaca; tzeltal y tzotzil de Chiapas; ñahñu del Estado de México y nahua del Distrito Federal, declaramos:
En la comunidad coca de Mezcala, con los conocimientos y saberes que nos brindan el agua, la tierra, el calor y el corazón de nuestro pueblo que es la Isla de Mezcala, Tlalquetepeque, fue que comenzamos los trabajos en esta reunión plenaria.
El cobijo que nos dio la Laguna de Chapala es lo que nos relatan los ancianos de la comunidad de Mezcala ya que Chapala es la madre, pues ha dado el alimento y la vida al pueblo; los cerros, los montes, que nos cobijan y brindan el trabajo, son nuestro padre; mientras que el corazón del pueblo se nace en la isla de Mezcala, en ella se refugia nuestra memoria e historia de lucha. Así pues, la isla, los cerros, la Laguna, los animales y plantas son nuestro territorio, nuestra historia.
Considerando que frente a la Guerra de Conquista neoliberal capitalista que pone en práctica el mal gobierno en nuestros pueblos, naciones y tribus, con sus instrumentos para dividir y dominarnos a través de proyectos productivos, dadivas y limosnas, la autonomía y la libre determinación es el modo de defensa de nuestros territorios y cultura, hacemos el siguiente:
Pronunciamiento
La comunidad indígena coca de Mezcala nos ha mostrado la lucha de resistencia que ha emprendido en lo largo de su historia por la conservación de su territorio. Por eso nos pronunciamos en contra de la privatización y manipulación del corazón de su pueblo, la isla de Mezcala, ya que el INAH Jalisco y Secretaria de Cultura, así como el ayuntamiento de Poncitlan siguen insistiendo en querer arrebatar la historia de Mezcala y convertirla en una mercancía más. Denunciamos los trabajos que la CNA ha realizado en nuestra comunidad, pretendiendo delimitar como zona federal un área que es comunal desde tiempo inmemorial.
Denunciamos y exigimos la inmediata cancelación de las 22 concesiones mineras otorgada a la empresa Canadiense First Majestic Silver Corp por parte del estado mexicano a través de la Secretaría de Economía. Para la explotación y exploración de los minerales en el sitio sagrado de Wirikuta. Denunciamos que la vida del mundo depende de las ofrendas y ceremonias que desde tiempos inmemoriales han realizado nuestros hermanos Wixaritari en este sitio, de donde depende que el sol vuelva a salir cada día, por lo que la destrucción de Wirikuta es un anuncio de muerte y exterminio para nuestros pueblos originarios. Asimismo saludamos al Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa cuya palabra está encabezada por los ancianos, asambleas y autoridades del pueblo Wixárika y reconocemos la intensa participación de la sociedad civil mundial en esta lucha histórica.
Asimismo nos oponemos a todas las asignaciones y concesiones de exploración y explotación minera otorgadas a lo largo de todo el país y a espaldas de nuestros pueblos, sin su previa consulta y con el fin de despojarnos y destruir nuestras tierras, cultura y existencia.
Reiteramos nuestro apoyo a la comunidad Wixárika de Tuapurie -Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco, en su decisión de ejercer su autonomía en los hechos mediante su modelo propio de desarrollo en el campo de la educación y del manejo de sus bosques. Reiteramos nuestra oposición a la ejecución del proyecto carretero Amatitan-Bolaños-Huejuquilla en el territorio de Tuapurie.
Denunciamos la invasión masiva de empresas aguacateras trasnacionales en las tierras que fueron reconocidas a la comunidad de Tuxpan en el año de 1925, misma que se realiza mediante la intimidación de los campesinos que se resisten a rentar sus tierras y la apropiación ilegal de las aguas disponibles en las faldas de los Volcanes de Nieve y Fuego.
Rechazamos el despojo de los bosques de la comunidad de Cherán y de todas las comunidades de la Meseta Purhépecha por parte de grupos de talamontes paramilitarizados con el fin de propiciar la siembra de aguacateras con la complicidad del gobierno que se niega a perseguir y castigar a dichos grupos criminales, mismos que más bien son beneficiados con proyectos productivos gubernamentales.
Exigimos el respeto a la posesión que la comunidad nahua de Santa María de Ostula tiene sobre las tierras que recuperó el 29 de junio de 2009, lugar donde se fundó el pueblo de Xayakalan. Asimismo, exigimos el respeto a su policía comunitaria, el cese de detenciones de comuneros por posesión de armas de fuego y el castigo a los grupos paramilitares que han asesinado, herido de bala y provocando la migración de decenas de familias nahuas de Ostula y Coire. Exigimos la presentación con vida de los comuneros Javier Martínez, Gerardo Vera y Francisco de Asís, éste último comisariado de bienes comunales.
Rechazamos los trabajos de exploración y explotación minera que realizan empresas transnacionales y nacionales en el territorio comunitario correspondiente a las comunidades que integran la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la costa chica y montaña de Guerrero.
Exigimos la declaración de inocencia y la libertad incondicional de los hermanos amuzgos Silverio Matías Domínguez, Genaro Cruz Apóstol y David Valtierra Arango, quienes fueron sentenciados en primera instancia por el delito fabricado de secuestro con el fin de destruir la Radio comunitaria Ñomndaa-La Palabra del Agua, del municipio de Xochistlahuaca; Guerrero, y favorecer los intereses de la cacique Aceadeth Rocha.
Exigimos el reconocimiento de la Universidad Intercultural de los pueblos del sur del Estado de Guerrero, ya que es una universidad impulsada desde los pueblos indios para preparar profesionistas que defiendan los intereses de los propios pueblos.
Rechazamos la represión gubernamental y paramilitar desatada en contra de nuestros pueblos y específicamente en contra del pueblo triqui de Oaxaca, las comunidades, caracoles y juntas de buen gobierno zapatistas de Chiapas, la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, y la comunidad tzotzil de Mitzitón, Chiapas.
Nos oponemos al desplazamiento forzado de quienes integran el municipio autónomo de San Juan Copala, exigiendo garantías para su retorno; rechazamos la militarización de la región triqui y el castigo de los grupos paramilitares que actúan en la zona, exhortando a las mujeres, hombres, niños, niñas, ancianas y ancianos que integran el pueblo triqui a reconstruir su unidad como pueblo, sin distingo de organizaciones y sin la intromisión de los intereses externos que provocan la confrontación del pueblo triqui.
Rechazamos el despojo de los territorios correspondientes a los pueblos ikoot y binnizá de la región del Istmo de Tehuantepec para la instalación de campos eólicos, perpetrado por las empresas trasnacionales como Preneal, Endesa, Iberdrola, Gamesa y Eurus, en complicidad con todos los niveles de gobierno.
Nos pronunciamos en contra de la detención de 140 adherentes de la Otra Campaña, integrantes del ejido de San Sebastián Bachajón, Chiapas, por la policía estatal, federal y elementos del ejército mexicano, el 3 de febrero del año en curso, mientras realizaban una protesta después de ser despojados de la caseta de cobro de Cascadas de Agua Azul, por un grupo de priístas.
Rechazamos el despojo de tierras por parte del Gobierno del Distrito Federal que encabeza Marcelo Ebrard para la construcción de la línea 12 del metro en tierras de la comunidad nahua de Tláhuac y para la construcción de la Supervía poniente.
Llamamos a reconocer el papel, el trabajo y los derechos de las mujeres indígenas al interior de nuestras comunidades y en la lucha por la liberación de nuestros ´pueblos tribus y naciones.
A 15 años de que se firmaran los Acuerdos de San Andrés entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, reivindicamos su contenido y los proclamamos, una vez más, como ley suprema de nuestros pueblos.
Reconocemos el extraordinario trabajo realizado en favor de nuestros pueblos por el Obispo Don Samuel Ruiz a lo largo de su vida y nos unimos al dolor por su partida.
Saludamos la realización de la XXIX Reunión del Congreso Nacional Indígena en las región centro pacífico, los días 05 y 06 de marzo de este año en la comunidad de Nurío, con el fin de conmemorar 10 Años de la Marcha del Color de la Tierra y el Tercer Congreso Nacional Indígena.
Dada en la comunidad coca de Mezcala, Jalisco, a los 06 días del mes de febrero de 2011.
POR LA RECONSTITUCION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS
EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA EN LA REGIÓN CENTRO PACIFICO
Acuerdan pueblos indígenas impedir que mineras extranjeras exploren sus tierras
el Sur de Acapulco
Jesús Rodríguez Montes
Malinaltepec
Una vez que se ha difundido entre las comunidades indígenas de La Montaña y Costa Chica la información acerca de los proyectos de extracción de minerales que emprenderán empresas de Canadá e Inglaterra, este sábado representantes de los pueblos que se oponen determinaron en asamblea que defenderán sus territorios por la vía jurídica y con la lucha social.
La primera acción consistirá en realizar asambleas comunales y ejidales en las cuales asentarán que no están de acuerdo con la explotación de minas, y las presentarán ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para darle validez ante las autoridades.
Después, los indígenas se organizarán en sus pueblos para impedir los trabajos de exploración de los enviados de las empresas y evitar así que sigan desarrollando los proyectos sin su consentimiento, como ha ocurrido hasta el momento con los denominados Mina San Javier, La Diana y Corazón de Tinieblas.
En Colombia de Guadalupe, localidad me’phaa de Malinaltepec, se llevó a cabo la asamblea en la que participaron más de 500 indígenas de los municipios considerados en la instauración de los proyectos, pero también de otros de alrededor que consideran que serán perjudicados si se contamina el agua de los ríos y se destruye el ecosistema.
Había vecinos de Malinaltepec, San Luis Acatlán, Tlapa, Metlatónoc, Marquelia, Iliatenco, Chilapa y Copanatoyac; 73 comisarios y 23 comisariados de bienes comunales en total. Además, representantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), así como estudiantes y académicos de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), párrocos y misioneros de la zona.
Pablo Guzmán Hernández, coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán, señaló ante los asistentes: “vamos a desenmascarar a quienes se quieren meter al territorio comunitario, los que piensan beneficiarse de nuestros territorios”. Luego, por parte de Tlachinollan, Roberto Gamboa dio a conocer la información general que se tiene acerca de los proyectos mineros, la cual, subrayó, se ha obtenido por cuenta propia de las comunidades y no por vía del gobierno.
Después comenzaron las participaciones de la gente, todas en contra de la explotación de las minas por las afectaciones que provocará al territorio, un “daño irreversible”, destacó Guzmán.
También se habló acerca de los riesgos que implica participar en un movimiento contra empresas que invierten millones de dólares en diversos proyectos en América Latina, como son Hochschild Mining y Camsim Mining, de capital británico y canadiense respectivamente.
El párroco de Malinaltepec, Melitón Santillán Cantú –quien ha participado activamente en la organización de la gente– mencionó que, por estos motivos, han ocurrido asesinatos y acciones de amedrentamiento contra opositores a las empresas en otros estados, como Chiapas, Oaxaca y San Luis Potosí.
El representante del Cecop, Rodolfo Chávez Galindo, propuso “hermanar las luchas” del movimiento contra las mineras y del movimiento contra la presa La Parota, por las diversas afectaciones que provocarán la explotación de los recursos naturales como el daño al entorno, desplazamientos de pueblos enteros, y la pérdida de la cultura e identidad. Y señaló que se viola el derecho a la libre consulta que tienen los pueblos al ser excluidos de las decisiones en torno a los proyectos.
Resultó polémica la participación del comisariado de bienes comunales de Paraje Montero, Alfonso Sánchez Neri, pues en este núcleo ya se acordó con las empresas un convenio de exploración durante cuatro años, a cambio de 90 mil pesos, según dijo. Pero recalcó que eso no implica “que hayamos dado permiso para la explotación”, y ofreció que los acuerdos que se tomaron en esta asamblea los dará a conocer en su comunidad, para que analicen si ceden o no sus tierras.
“Entre nosotros no somos los enemigos”, dijo al participar el comisariado de Iliatenco, Francisco Reyes y acusó que funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA), desde sus cargos, tratan de convencer a los habitantes para que acepten convenir con las empresas. “No hay que confiarse mucho de ellos”, advirtió.
Luego de más de cinco horas de discusión, se acordó que entre los pueblos se promoverá la realización de asambleas agrarias en las que manifiestan su rechazo a las mineras, luego, esas actas de asamblea, signadas por los comuneros, serán presentadas ante el Registro Agrario Nacional (RAN) para dejar constancia de su decisión ante las instancias del gobierno. El 19 de febrero se realizará una reunión de comisarios y comisariados para evaluar los avances.
No pagarán a la CFE mientras no corrija las tarifas
Otro tema que se planteó en la asamblea fue el de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el deficiente servicio que ofrece en pueblos indígenas de La Montaña.
Abel Bruno Arriaga, dirigente del Comité Regional de Defensa y Gestoría Social, expuso que desde 2007, cuando se conformó la organización, han efectuado varias reuniones con funcionarios de la paraestatal y a la fecha siguen las quejas por cobros elevados y mal servicio.
Ante diputados federales y representantes de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), acordaron que expondrán el planteamiento de una “tarifa preferencial”, es decir, de bajo costo por ser La Montaña una zona de pobreza extrema.
Mientras tanto, los asistentes acordaron no pagar por el servicio mientras la CFE no corrija el servicio que ofrece y los altos cobros.
En asamblea general de pueblos, la CRAC insta a no permitir el daño al entorno
Se pronuncian indígenas contra la explotación minera en La Montaña
La Jornada 6 de Febrero.
Presentan organizaciones pruebas que amparan la instalación de mineras de compañías extranjeras
SERGIO FERRER (Corresponsal)
Lupa
Mapa elaborado por la CRAC, en el cual se marcan las zonas propensas a exploración y posterior exploración de mineras extranjeras Foto: FOTO SERGIO FERRER
Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, 6 de febrero. Denominado territorio comunitario porque cuenta con el sistema de impartición de justicia de la Policía Comunitaria, a Colombia de Guadalupe se llega desde la carretera Tlapa-Marquelia por un camino de terracería. Por sus calles se pueden apreciar pequeños huertos con árboles de café o bien, a jóvenes cortando las semillas para posteriormente ponerlas a secar bajo el sol. Fue aquí donde se realizó la primera asamblea general de pueblos que le dará cauce a la negativa de instalación de mineras.
Ubicada en La Montaña alta de Guerrero, esta comunidad indígena me’phaa es considerada región prioritaria para la conservación ecológica por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en 2009, esa institución efectuó dos programas en Colombia; uno para la conservación de maíz criollo y otro llamado Procodes, en el cual se entregó un subsidio federal para “compensar la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad”.
Estos datos contrastan con la situación actual, ya que el gobierno federal ha entregado concesiones hasta por 50 años a mineras para la exploración de áreas que podrían cambiar su uso de suelo.
Taurino Hernández, integrante de la Conanp, asumió como “sería terrible el impacto ambiental que ocasionaría el cambio de uso de suelo en la región”.
Asimismo, aseveró que existen otras afectaciones en La Montaña que deben ser estudiadas y atendidas como la deforestación.
El día se tornó nublado. Algunos indígenas escuchaban los datos proporcionados sobre las mineras; en la comisaría, un grupo de madres de familia fueron convocadas a una reunión de otra índole. Cerca de ahí, otras mujeres preparaba las ollas con huevo y frijoles que se sirvieron a los asistentes entre los cuales se encontraron representantes de organizaciones como el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), quienes pronunciaron palabras de apoyo a las comunidades de La Montaña y Costa Chica.
El coordinador del área educativa del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, informó que se tiene documentado un permiso para trabajo en la mina Francisco Javier, que abarca 15 mil hectáreas en las colindancias de Zitlaltepec, Iliatenco y Paraje Montero, concesionadas por el gobierno federal bajo el nombre de Diana a la empresa extranjera Camsim, por 46 años.
Otro caso lo presentan las 47 mil hectáreas otorgadas para la minera Salamera, cuyo nombre del proyecto es Corazón de Tinieblas, que abarca parte de Totomixtlahuaca, Colombia de Guadalupe, Pascala del Oro y Acatepec, a la minera Hochschild. También diversas concesiones en municipios de La Montaña y Costa Chica.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, aseguró que la presencia de las empresas mineras es un hecho y ejemplificó el caso de Paraje Montero, donde ya se acordó la exploración del territorio. También alertó que de concretarse la explotación minera, desaparecerían pueblos enteros, ya que los trabajos a cielo abierto destrozarían cerros y desplazarían a cientos de personas.
Un comunero de Paraje Montero ratificó que recibieron 90 mil pesos por un contrato de cuatro años para exploración y reconoció también que fue auxiliado por la Procuraduría Agraria.
“La ventaja que tenemos es que somos dueños de la tierra desde una profundidad de 40 centimetros hacia arriba, eso faculta, según la ley, a los campesinos a permitir si entran o no las mineras, aunque tengan concesiones no pueden pasar por encima de la figura de bienes comunales y ejidales”, dijo.
Rosales Sierra avisó que se deben efectuar prontamente las asambleas formales en las comunidades para decir “no” a las mineras, tal como ocurrió en Totomixtlahuaca e inscribirlo en el Registro Agrario Nacional, aunque reconoció que existe división entre núcleos agrarios que dificulta la organización.
“Como pueblos indígenas amamos a nuestra madre tierra no hemos caído en la cuenta que los pobres estamos desorganizados, el gobierno ha traído sus programas procede, procampo, oportunidades para controlarnos debemos cuidar nuestra hogar” apuntó el sacerdote Melitón.
Pablo Guzmán, coordinador de la Policía Comunitaria CRAC, pidió a los más de 70 comisarios y delegados, así como comisariados de bienes comunales y ejidales asistentes a la Asamblea General “no consentir el irreversible desastre ecológico en la región”.
Asimismo, apuntó que se debería pensar en usar tecnología mexicana con asesoría de gente de la UNAM o del Instituto Politécnico para encontrar una manera de explotación que no dañe la zona: “¿por qué no ha de quedarse la riqueza en esta tierra en vez de que vaya a parar en Inglaterra o Canadá?”.
El 17 de febrero, la CRAC impartirá un taller sobre mineras en la colonia Aviación, municipio de Iliatenco. Convocó también a un encuentro de autoridades agrarias de La Montaña y Costa Chica, para el 26 en Paraje Montero, donde se buscará concretar el no definitivo a las mineras.
–
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policia Comunitaria ” EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS SERA JUSTICIA”
www.policiacomunitaria.org
–
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policia Comunitaria ” EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS SERA JUSTICIA”
www.policiacomunitaria.org
–
“
LA OTRA JUSTICIA Y SEGURIDAD
EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS SERA JUSTICIA”
“SOLO EL PUEBLO APOYA Y DEFIENDE AL PUEBLO”
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
de la Montaña y Costa Chica de Guerrero
