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Martes 22 de marzo de 2011
Werkenes anuncian movilizaciones
Vocero de la Alianza Territorial aseguró que los cuatro comuneros quieren ser trasladados a Angol.
La Alianza Territorial Mapuche y el Consejo de Todas las Tierras entregaron todo su apoyo a la huelga de hambre que retomaron la semana pasada Héctor Llaitul, Jonathan Huillical, José Huenuche y Ramón Llaiqueleo, declarados culpables de atentar contra el fiscal Mario Elgueta y recluidos en el penal de Lebu.
Los werkenes de ambas agrupaciones, Mijael Carbone y Aucán Huilcamán, aseguran que esta situación hará que una vez más la comunidades mapuches se levanten en defensa de sus hermanos.
“Creo que con esta huelga pudiera haber un levantamiento general del movimiento mapuche, independiente de que sea la CAM, la Alianza o una convocatoria de unión en la acción”, sostuvo Carbone, quien advirtió que cuando se afecta a un indígena o se intenta criminalizar una organización, no sólo le duele a ésta sino a todo el pueblo mapuche.
“Hoy hay 4 hermanos procesados por una Ley Antiterrorista, porque acá en ningún momento se ha cumplido con retirarla”, sentenció el vocero, junto con cuestionar: “No es posible que en un juicio judicial, ordinario, como el que se desarrolló en Cañete y que duró más de 3 meses, terminen condenados justamente los que se indican como intelectuales de la CAM”.
A su juicio el Gobierno no cumplió los compromisos que asumió después de la huelga de hambre del año 2010. “El Gobierno tenía un punto muy claro y era desarticular una cúpula denominada CAM. Es lo que está haciendo”, dijo.
Aseguró que se está buscando criminalizar a los dirigentes que creen son los autores intelectuales y materiales de algunos hechos de coordinación que ocurren en las comunidades mapuches.
COMPRENSIBLE
El werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, destacó que las demandas de los huelguistas son exactamente las mismas que en la huelga anterior: poner fin al doble procesamiento; no aplicar la Ley Antiterrorista; la nulidad del juicio por falta de imparcialidad del tribunal; y la no utilización de testigos sin rostro. “A mí me parece completamente comprensible, porque la participación de testigos sin rostro los pone en desventaja. No hubo testigos presenciales. Ni siquiera los hechos que relató el fiscal Elgueta fueron considerados como un elemento válido. Sin embargo, hicieron valer la versión de un testigo que escuchó”, destacó Huilcamán.
Respecto de que son las mismas demandas, el vocero dijo que no se aplicó la Ley Antiterrorista para algunos casos, pero para otros sí, y que en este contexto el Gobierno no habría cumplido. “Ellos se sienten procesados en una situación de desventaja”, finalizó.
