Mercado, alimentos, precios y la otra economía


El derecho a la alimentación es, como todo derecho, inherente a todo ser humano. Se encuentra recogido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1976, bajo la siguiente definición: “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla” (CDESC, 1999). Este derecho implica acceso a alimentos, a los recursos productivos necesarios para que la persona, familia o comunidad pueda alimentarse a sí misma y a una alimentación adecuada en términos culturales, sanitarios y económicos. Sin embargo, se está viendo
completamente vulnerado por el sistema actual de producción, distribución y consumo de alimentos.

El sistema agroalimentario actual

Características
El sistema de producción, distribución y consumo de alimentos ha ido dependiendo más del mercado y la gananacia que de la satisfacción de una nevcesidad y un derecho, principalmente desde los años 90, con el objetivo primordial de producir comida para la exportación anteponiendo el comercio internacional a la producción interna de alimentos para la distribución local.
El 80% de lo producido en países periféricos es para la exportación. El 40% de la superficie de Brasil (gran parte es Amazonía deforestada) se destina a monocultivo de la soja para alimentación ganadera. México importa el 30% del maíz, principalmente transgénico, de EEUU.
Se están considerando los alimentos, en lugar de un Derecho Humano, mercancías para mejorar el acceso al mercado mediante la exportación. Por ello, a este sistema se le denomina agroexportador. Para su mayor captura por el afan de ganancia, el sector agrícola se ha incluido en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Estos acuerdos afectan directamente a la base productiva, más del 70% de pequeños productores de América Latina, que están siendo desplazados del mercado.

Este sistema comenzó a perfilarse con la Revolución Verde, la Revolución Azul y la Ganadera, que fueron tres políticas financiadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), e ideadas por las Fundaciones Ford y Rockefeller, y cuyo objetivo era intensificar la producción de alimentos mediante el incremento de insumos (o factores de producción, tales como materias primas, fertilizantes, agua, energía, combustibles, etc). La Revolución Verde (desde 1960 hasta principios de los años 90) consistió en la venta de paquetes tecnológicos (semillas híbridas, fertilizantes y pesticidas químicos) a los agricultores y agricultoras. Aunque a los pequeños productores se les otorgaban “créditos al desarrollo”, que aseguraban un enorme endeudamiento, para que pudieran comprar dichos paquetes, los grandes agricultores los adoptaron con mayor facilidad, de forma que invadieron con sus cultivos intensivos tierras bajas, selva tropical, bosques, etc. Ello conllevó que la diversidad de variedades locales cultivadas durante siglos por el campesinado tradicional disminuyera en un 90%.
Durante la Revolución Verde la producción agrícola se triplicó, pero también se multiplicó por ocho el empleo de fertilizantes, lo que agotó y degradó la tierra. Se necesitaron cada vez más fertilizantes para producir la misma cantidad de alimentos, degradándose a su vez aún más la tierra. De este modo, la Revolución Verde arruinó la capacidad del campesinado de alimentarse a sí mismo y a sus poblaciones, pasando a depender de la compra de alimentos importados. Como consecuencia de ello aumentó la producción de alimentos per cápita en un 11% en occidente y creció, en el mismo porcentaje, la población con hambre.

La Revolución Verde también vino acompañada de los transgénicos. Aunque, por razones éticas, hasta 1930 no se permitió patentar ningún alimento, a partir de 1990 los intereses económicos se impusieron a todas las demás cuestiones y comenzó a patentarse la forma de producir semillas de todo tipo. Los transgénicos fueron vendidos a los agricultores con la excusa de que permitirían prescindir del uso de plaguicidas en los cultivos al incorporar en el genoma de sus células vegetales genes de bacterias resistentes a plagas.
La generalización y la monopolización de estas patentes por parte de un reducido grupo de multinacionales ha permitido que Monsanto tenga en su poder actualmente más de 11 000 patentes y que domine el 90% de la industria agroalimentaria (aunque su nombre se esconda tras sus múltiples filiales).
De este modo, la Revolución Verde benefició a los científicos estadounidenses que se apropiaron del germoplasma de Asia y América Latina; y a las multinacionales Pioneer Hy-Brid y Cargil, que se apropiaron del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Con la Revolución Verde perdieron los agricultores y las agricultoras, el medio ambiente y la sociedad en su conjunto.

Por otro lado, el carácter agroexportador de este sistema implica que los alimentos recorren grandes distancias desde que se producen hasta que se consumen, entrando en juego durante su ruta multitud de intermediarios. Uno de los principales intermediarios son las grandes distribuidoras de alimentos. En España, Carrefour, Mercadona, Eroski, Alcampo y el Corte Inglés controlan más del 75% de la distribución de alimentos. Este poder de control sobre el mercado es el que les permite ser los agentes que marcan los precios de venta al consumidor y los márgenes comerciales de los productores. Por esta razón, las diferencias de precio entre origen y destino en los principales alimentos frescos superan de media el 418%.
El productor no participa más que un 30% de media en el precio final del producto, lo que supone que recibe menos de un tercio de lo que paga el consumidor. Esto provoca debilidad en el sector primario, en manos del campesinado y de pequeños y medianos productores, y, a largo plazo, su desaparición. Además, repercute en el bolsillo de los consumidores. Con el fin de lograr precios competitivos en el mercado, estas grandes distribuidoras ejercen una fuerte presión económica sobre las agricultoras y los agricultores.
El sistema agroalimentario actual, con sus objetivos anteriormente perfilados, se enmarca en un contexto de crisis energética, lucha por los recursos, cambio climático y crisis financiera. Esto está originando que el cultivo de alimentos para consumo humano actualmente compita con el uso de las tierras y la producción de alimentos para otros fines, entre los que se encuentran principalmente los cultivos energéticos para biocombustibles, la plantación de especies de crecimiento rápido o de grandes extensiones de monocultivo de soja transgénica para alimentación de ganado, produciéndose un conflicto de intereses que dificulta aún más que el Derecho a la Alimentación sea una realidad para todas las personas.

Aspectos negativos

La política agraria defendida por la Organización Mundial del Comercio está evolucionando desde un cierto grado de proteccionismo (consistente en apoyo interno, subsidios a la exportación, tarifas y cuotas reguladas, precios de referencia y aranceles frente a la competencia desleal) del que hasta hace algunos años aún gozaban los países económicamente más débiles, hacia la liberalización total del sector agrícola (medidas encaminadas hacia la denominada no distorsión del mercado con la finalidad de que exista una competencia supuestamente leal) a través de la eliminación de todos los aranceles, reducción por igual de las subvenciones a la exportación, liberalización de las contrataciones públicas y eliminación de toda ayuda interna.

La agroexportación y la intensificación de los sistemas de producción necesitan de una concentración de tierras. Se está produciendo un acaparamiento de tierras en manos no campesinas, consecuencia de la liberalización y de la desregulación del sector y de la entrada de las multinacionales en el agronegocio. Además, la crisis financiera propicia que gobiernos e inversores privados especulen con la producción agrícola y con las existencias alimentarias futuras. La concentración de tierras en manos del capital privado conlleva que un reducido grupo de empresas (Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow y Dupont) posea el 90% de los beneficios del sector agroalimentario. Esta concentración expulsa de forma forzosa a las comunidades indígenas y campesinas que habitan y viven de ellas, provocando migraciones internas y externas, un aumento del desempleo rural y grandes bolsas de pobreza en las grandes urbes en un proceso conocido como descampesinización. De esta forma, la seguridad alimentaria de las naciones se debilita y se niega el medio de subsistencia de estas comunidades al tiempo que se degrada el medio ambiente local.
A pesar de la liberalización del sistema y de la supuesta libre competencia de mercado, la realidad es que no todos los países pueden competir en el tablero del libre comercio en igualdad de condiciones. Uno de los principales fenómenos que ha hundido las economías agrícolas de los países periféricos es el dumping.
El dumping es una práctica comercial desarrollada por los países centrales, quienes tienen un sector primario mucho más subvencionado que los países periféricos. Esto les permite poner en el mercado internacional los productos a precios más competitivos que los países periféricos, provocando una invasión de los mercados periféricos de productos agrícolas procedentes de países centrales, hundiendo las economías locales y llevando a la ruina a su campesinado. Los países víctimas del dumping se han convertido en dependientes de las importaciones agrícolas. Para poder competir con los precios del mercado y con la invasión de alimentos importados se ven obligados a replicar el modelo productivo de los países centrales (basado en elevados insumos energéticos y materiales), para lo cual necesitan pedir financiación al Banco Mundial y a instituciones similares…, lo que les lleva a endeudarse cada vez más.
En estos países, los productos importados están sustituyendo a los locales al mismo tiempo que la homogeneización de los sistemas de producción está terminando con los saberes y capacidades locales. Queda de lado la diversificación productiva.. Algunos productos importados por los países periféricos a bajos precios debido al dumping son, por ejemplo, la leche europea en India, el cerdo norteamericano en el Caribe o los cereales de la Unión Europea en el continente africano.

Los Tratados de Libre Comercio (TLC). De esta forma, las empresas de los países centrales se instalan en los países periféricos, que suelen tener menos desarrolladas las políticas ambientales y laborales, de modo que las externalidades sociales y ambientales de sus métodos de producción quedan en estos países. Por supuesto, también generan externalidades económicas: suelen suponer para los países en desarrollo la entrada en créditos (denominados “créditos de ayuda al desarrollo”) que posteriormente los países menos ricos tienen que devolver. Para ello necesitan más inversión privada, que a su vez vuelve a basarse en todo lo mencionado anteriormente. Los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) destinan mil millones de dólares diarios en apoyo a su propio sector agrícola, lo que supone seis veces más que la ayuda destinada al desarrollo. La pérdida anual de ingresos de los países en desarrollo por falta de acceso al mercado rebasa los 100 000 millones de dólares estadounidenses. En EE UU el subsidio por vaca es de casi 2 dólares, lo que equivale al ingreso diario de 3 000 millones de personas en el Sur. Los subsidios representan 6 veces la Ayuda Oficial al Desarrollo de la OCDE.

Consecuencia de sus características y objetivos, el modelo agroalimentario actual es también un modelo ambientalmente insostenible. En primer lugar, es un sistema altamente dependiente del petróleo. Debido a la cantidad de kilómetros que deben recorrer los alimentos desde su lugar de producción al de consumo, estos se denominan petroalimentos. Ello es muy negativo en un contexto de cambio climático
como el actual. Actualmente, la agricultura intensiva es responsible de la emisión de un 32% gases de efecto invernadero a nivel global, debido a la deforestación, al consumo energético, etcétera.
En segundo lugar, al ser un modelo intensivo de producción, destruye los ecosistemas y la biodiversidad, eliminando los ecosistemas mosaico, homogeneizando los paisajes, deforestando amplias áreas. Por su parte, los agrotóxicos empleados en la agricultura intensiva contaminan el medio y la cadena alimentaria, puesto que son productos bioacumulables, persistentes y tóxicos. La contaminación del agua que causan los agrotóxicos afecta de forma muy directa a la salud.
Como ya se ha comentado, este modelo también se apoya en el empleo de transgénicos, los cuales, debido al modelo de agricultura al que acompañan, se siembran en monocultivo intensivo. Esto provoca la especialización de las plagas y el que sea necesario emplear agrotóxicos en los cultivos. Desde la ecología se ha estudiado sobradamente que la mejor forma de lucha contra las plagas es la existencia de biodiversidad, no los monocultivos. El cultivo de transgénicos genera, sólo con su mera existencia, un aumento de la incidencia de las plagas y que sean necesarias elevadas dosis de agrotóxicos contra ellas en lugar de, como se decía, erradicar su empleo. Por otra parte, los transgénicos están terminando con las variedades naturales puesto que su polen puede alcanzar cualquier otra planta de su especie generando un cruce transgénico. Se trata de un proceso irreversible de destrucción de las variedades locales y del patrimonio genético y la biodiversidad, fuente de resiliencia del planeta.
A pesar de conocerse todo esto, España es el país que más superficie transgénica cultiva, mientras que otros países europeos se han opuesto radicalmente a este tipo de cultivos en su territorio. Sólo en Cataluña había sembradas 17 000 hectáreas de maíz transgénico en 2005.
Los transgénicos también significan privatización de semillas, porque su forma de producción está patentada. Ello quiere decir que en poco tiempo todas las plantas de una misma especie podrían llegar a ser propiedad de la empresa que patentó su variedad modificada si las semillas transgénicas contaminan las variedades naturales en su polinización por el viento.

La burbuja alimentaria

En 2007 vivimos el fenómeno de la burbuja alimentaria, que ilustra perfectamente los riesgos del sistema actual. La burbuja alimentaria de 2007 consistió en un rapidísimo incremento de los precios de las materias primas básicas (commodities) debido a varias causas. Uno de los factores que influyen en los precios son las diferencias puntuales que puedan darse entre la producción y el consumo y que suelen ser inevitables (por causas meteorológicas, por ejemplo). Sin embargo, en 2007 el
aumento de precios estuvo profundamente determinado por las expectativas de que estas diferencias pudieran producirse en un futuro; es decir, por la inversión financiera especulativa en la alimentación. Actualmente, los fondos de inversión controlan entre el 50% y el 60% del trigo comercializado en los mayores mercados mundiales de commodities.
Se trata de operaciones en el denominado mercado a futuros, donde los precios no los establece la oferta y demanda local según las necesidades reales, sino que los especuladores compran materias primas (las acumulan) y las venden (las liberan en el mercado) en el momento en que más beneficios puedan obtener según las expectativas de oferta y demanda. Las empresas que están detrás de esta especulación proceden de sectores como el urbanístico, y están adquiriendo masivamente tierras en África y América Latina. Este mercado es atractivo para ellas debido a la seguridad
del sector agroalimentario (todo el mundo necesita comer). Quien tiene el grano, o el derecho a producirlo, tiene una enorme capacidad de negociación y un margen afianzado porque la demanda está asegurada. El problema es que se juega con la posibilidad de que se rompan las reservas y las personas no dispongan de alimentos en un futuro. Si, por ejemplo, es más rentable emplear la tierra para cultivar agrocombustibles, ¿qué asegura que en el futuro haya un mercado disponible para alimentar a seres humanos, si este resulta menos rentable?

Consecuencias:

El hambre en el mundo
Aunque el productivismo y la liberalización del sistema se han presentado como la solución al hambre en el mundo, durante todos estos años se ha comprobado que estas políticas no han servido para erradicarla. Al contrario, con este sistema ha aumentado la dependencia de los pueblos y de los países periféricos de las importaciones agrícolas (semillas, fertilizantes), reforzando la industrialización de la agricultura y amenazando el patrimonio genético, cultural y medioambiental del planeta, así como la salud de las personas. El número de personas que sufren hambre llegó a 1 020 millones en 2009, de las cuales el 70% son mujeres (es lo que se conoce como feminización de la pobreza). Durante la crisis alimentaria de 2007 y 2008 aumentó en 250 millones el número de personas que pasa hambre. Se estima que el 75% de la población en situación de pobreza vive en zonas rurales.

El sistema agroalimentario actual vulnera también el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades que habitan en esas zonas, así como su derecho a un desarrollo digno. Por el momento tanto el derecho a la tierra como el derecho a la alimentación (que forman parte de los derechos de segunda generación), así como el derecho a un medio ambiente sano y a un desarrollo digno (que forman parte de los de tercera generación), no se encuentran reconocidos en ninguna declaración oficial de derechos. De igual manera, las multinacionales instaladas mediante tratados de
libre comercio ignoran deliberadamente los saberes y la cultura locales. Resulta interesante conocer la etimología de la palabra cultura, pues procede de la palabra cultivo: la forma de producir alimentos es la base de la cultura de los pueblos.
Por lo tanto, la causa del hambre en el mundo es la dependencia de los alimentos a la voracidad del mercado. No es, como se dice, una insuficiente producción de alimentos. Como hemos visto, en los últimos 50 años no han dejado de llevarse a cabo políticas con el objetivo de aumentar la productividad agrícola. Pero, sin embargo, el número de personas hambrientas no ha dejado de incrementarse. De hecho, a pesar de la Revolución Verde, el valor de la exportación de la sobreproducción agraria de los países periféricos ha ido disminuyendo en los últimos cuarenta años hasta llegar a un déficit de comida en el Sur que ha alcanzado un valor de 11 000 dólares al año. El sistema actual de producción, distribución y consumo de alimentos es manifiestamente insuficiente para terminar con el problema del hambre.
Las verdaderas causas del hambre son estructurales: la alimentación depende del mercado restringido por la ganancia exorbitante de algunas grandes empresas.

De acuerdo con datos de la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con la cosecha récord en 2007 hay más que suficiente comida en el mundo para alimentar a todos (la producción supera al menos 1,5 veces a la demanda). De hecho, en los últimos 20 años la producción de alimentos ha aumentado anualmente de manera estable en un 2%, mientras que crecimiento de la población ha disminuido en un 1,14% anual. Existen 4,3 libras de alimentos por persona y día (Lappé, 1998) y sólo el 36% de los alimentos se emplea para consumo humano.

Otra economía para una recomposición de la relación interna entre los factores de producción y consumo. Los Comprando Juntos, la vinculación directa con productores y la extensión de la práctica de los prosumidores.

En muchos países de forma autónoma, grupos de productores se están vinculando directamente con grupos de consumidores, asegurando alimentos sanos, disminución de las distancias e intermediaciones, así como un precio conveniente para ambos, más elevado para el productor y menor de la media del mercado para el consumidor. La variedad de metodologías es muy grande y la diversidad de formas de aplicación práctica del acto de vinculación productor-consumidor es tan diferente la una de la otra, que es muy difícil hoy día emprender la tarea de sistematizar y englobar en conceptos sencillos toda esa multiplicidad de variantes, desde un productor individual hasta diferentes tipos de expresión de la potencia de asociatividad, tales como cooperativas, asociaciones, comunidades, etc. Lo mismo sucede en el ámbito del consumidor, desde listas de personas inscritas como compradores hasta grupos que se reunen para materializar el acto de la adquisición y aún del consumo. También está el transporte, hay aún aquellos que utilizan grandes distancias para encontrarse, lo que tiene a disminuir, por ejemplo en la comuna de Tiltil, la idea es producir hacia las comunas del norte de Santiago, aunque han estado viniendo representantes de grupos del sur, a los que cuales se explica las ventajas y conveniencia de procurar hacia el sur de la capital la búsqueda de productores dispuestos.

La agroecología, que consiste en la aplicación de los principios de la ecología a la agricultura, con el fin de que ésta sea ambientalmente sostenible, considerando el contexto socioeconómico del lugar, es un pilar de la otra economía, que por su vez trata de rescatar la identidad, tradiciones, las prácticas y métodos de la agricultura campesina. Como visto, la diversidad es una garantía para la defensa contra las plagas y para la salvaguarda de la salud ambiental, de la producción agraria y de las personas. Tambien está el tema de la salud integral de las personas, lo que lleva necesariamente a una revalorización de las hierbas y plantas medicinales, así como al mayor uso de los métodos tradicionales y populares de curación, prescindiendo de la dependencia ciega a la medicina alópata y remedios químico-farmacéuticos o al menos intentando una adecuada proporción e interacción de la una con la otra, si ello no se considera, sería una modificación económica que en el fondo resultaría en una mantención de otros factores que inciden sobre el hambre y la salud. Igualmente se vincula el tema de la minería y otras formas de explotación intensiva y destemplada de la naturaleza, ya que los relaves mineros y envenenamiento o desviación de aguas van a modificar totalmente los micro climas y el ambiente en general. Por último, un trabajo local para la implementación de otra economía, cuidado del ambiente, salud, etc. requiere de otra educación, afincada en esas modificaciones y propuestas, lo que amerita la instalación de centros de estudios específicos, como el proyecto de Instituto Agroecológico que se está elaborando en la comuna agraria de Tiltil.

Atte.
Jaime Yovanovic Prieto (Profesor J)
Red de Economía Popular y Ecología Social