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Comunidades de Guerrero y Michoacán organizan la seguridad de su territorio, mediante el restablecimiento de sus policías comunitarias, guardias y rondines tradicionales. Se trata de la organización de los pueblos que reivindican su derecho a la autodefensa.
GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ
Cherán y Ostula, Michoacán; y San Luis Acatlán, Guerrero. Comunidades indígenas organizan en distintas regiones de México la seguridad de sus territorios, al margen de los gobiernos y de todas las instituciones, reivindicando el derecho a la autodefensa de sus pueblos. No se trata de grupos armados o guerrilleros, sino del restablecimiento de sus órganos tradicionales de vigilancia que el derecho internacional les confiere.
El alto grado de violencia, el despojo, la ineficiencia de los órganos de seguridad institucionales, su complicidad en muchos casos con el crimen organizado, la falta de credibilidad en los partidos políticos, la corrupción y el hartazgo, son algunos de los aspectos que los hicieron tomar en sus manos la seguridad y organizar su autodefensa, coinciden representantes de los pueblos indígenas de Ostula y Cherán, en Michoacán; y las comunidades de la Costa y la Montaña de Guerrero.
En Ostula reivindican su derecho a salvaguardar la seguridad de sus tierras recuperadas; Cherán recupera sus rondines tradicionales para defenderse de los talamontes y cuidar la seguridad interna; mientras que 65 comunidades de Guerrero tienen, además de los cuerpos de vigilancia, un sistema de impartición de justicia y, en este momento, tienen como prioridad la defensa del territorio de los proyectos mineros en la región.
Con diferentes historias y dinámicas actuales específicas, la constante es que en estos lugares son los pueblos los encargados de mantener el orden interno, de acuerdo a sus sistemas normativos tradicionales.
Ninguna de estas experiencias, coinciden los representantes entrevistados, corresponde a grupos armados contra el gobierno, pero sí son reflejo de la falta de justicia y de seguridad en sus zonas. En una palabra, señalan, “existen porque el gobierno no hace su trabajo”.
No es casual que los tres casos se lleven a cabo en comunidades indígenas. “Son los pueblos indios de México los que están ofreciendo una alternativa para el país”, señalan comuneros de Cherán entrevistados en la Casa Comunal, en el mismo inmueble que anteriormente albergó a la presidencia municipal, hoy recuperada por los pobladores.
Los nahuas de Ostula, los purhépechas de Cherán y los tlapanecos, mixtecos, nahuas y mestizos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, organizan su defensa no sólo de la delincuencia, sino también “de los que pretenden arrebatarles el territorio, que en muchos casos son más peligrosos que los delincuentes, como los grandes inversionistas”, advierte Claudio Guzmán, uno de los nueve coordinadores de la Policía Comunitaria de Guerrero.
La amenaza al territorio en Ostula, explica el jefe de Tenencia, es la construcción de la súper carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas y el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán. Un puerto, hoteles y demás planes inmobiliarios están contemplados para esta región; mientras que en Cherán es la riqueza de sus bosques la que está en juego y son los talamontes los que se han beneficiado. En la Montaña de Guerrero, por su parte, la amenaza actual al territorio viene de los proyectos mineros de origen inglés y canadiense.
Las recientes amenazas, los levantones y homicidios de los que han sido víctimas los comuneros de Ostula y Cherán los obligan a permanecer en el anonimato. Acceden a las entrevistas y acompañan el recorrido por sus comunidades, pero piden no dar sus nombres. Los de la Policía Comunitaria de Guerrero sí se identifican. Son 16 años de historia los que los preceden y su situación actual es distinta.
Ostula: “De aquí nadie nos saca”
El 29 de junio del 2009 los nahuas de Ostula recuperaron más de mil hectáreas de tierras, montes y playas “que durante más de 40 años estuvieron en manos de pequeños propietarios de La Placita”. Desde ese momento esas tierras llevan el nombre de Xayakalan.
“Pudimos recuperar nuestras tierras”, señala el Trompas, uno de los responsables de la seguridad, “gracias a que todos le entramos a reorganizar nuestra policía tradicional. Ahora de aquí no nos vamos, para eso tenemos nuestra policía”.
El paraje de Xayakalan luce destruido. Una playa tapizada de palmeras y cocos en el piso, los techos de las palapas hechos pedazos, enormes troncos encima de lo que hasta hace poco fueron casitas, cientos de árboles de tamarindo arrancados desde la raíz, casas de adobe sin techo y con enormes boquetes en las paredes, un jardín de niños del que, literalmente, sólo queda un palo, dan cuenta del paso del huracán Beatriz, que en junio pasado azotó a esta comunidad de la costa michoacana.
A poco más de dos años de haber recuperado estas tierras, el Trompas asegura: “Todos aquí seguimos puestos. Si el huracán no nos sacó, menos el gobierno”.
La policía comunitaria de Ostula está conformada por cerca de 500 integrantes y su función, explica el Trompas y otro grupo de comuneros, “es resguardar el perímetro de las tierras en conflicto”. No están, insisten, “para enfrentar a la delincuencia organizada ni para desarmar a nadie ni intervenir en otras cosas, sino sólo para cuidar el territorio que nos pertenece”.
Ninguno de los policías comunitarios recibe sueldo ni ninguna retribución. No tienen uniforme ni distintivos. Es nombrada como colectivo por la asamblea general, y a nivel individual todos los voluntarios “son bienvenidos al grupo”.
La respuesta del gobierno a la organización “no ha sido buena”, comentan los nahuas bajo los escombros de una palapa en Xayakalan. “El gobierno no quiere que tengamos nuestra policía. No le gusta porque no la mandan ellos, pero aquí siempre hemos sido autónomos. Exigimos el reconocimiento de nuestra policía, pero si no llega de todas maneras seguimos”, afirma uno de los responsables.
Ostula es una de las tres comunidades nahuas del litoral del Pacífico michoacano. Las otras dos son Pómaro y Coire. Juntas poseen más de 200 mil hectáreas de territorio dentro de la costa y los montes de la Sierra Madre del Sur hasta Guerrero y Oaxaca. En las más de mil hectáreas de Xayakalan actualmente habitan unas 250 personas pertenecientes a 40 familias. Éste es el territorio vigilado.
Los nahuas exigen el reconocimiento de sus tierras y de sus órganos de autodefensa y hasta la fecha no hay nada. Mientras mantienen la posesión del paraje y la disposición de su policía para defenderlo.
En ocasión de su segundo aniversario, los comuneros denunciaron que “la guerra que actualmente vive nuestra comunidad y que es un capítulo pequeño de la guerra que desgarra a la Nación entera, la podemos contar en números: 26 comuneros muertos, cuatro desaparecidos, decenas de viudas y huérfanos y cientos de desplazados”. Hoy, señalan, “la situación está más tranquila”.
Un dato más es que la asamblea general decidió no participar en las elecciones estatales de Michoacán, previstas para el próximo 13 de noviembre. “Los partidos políticos cuando andan queriendo el puesto te platican bonito, pero después ni te conocen. Todo está por demás con ellos y aquí no entran”, señalan los entrevistados.
La decisión de la asamblea de Ostula fue comunicada oficialmente en los siguientes términos: “Los gobiernos y los partidos políticos se burlan de nuestros pueblos, propiciando el despojo y la explotación de las comunidades indígenas y faltando, en el caso de nuestra comunidad, a la promesa de reconocer las tierras que en el año de 2009 recuperamos en el paraje de Xayakalan, y de otorgar garantías para el funcionamiento de nuestra policía comunitaria”, por tal motivo “no se permite la instalación de casillas electorales en el territorio de la comunidad indígena de Santa María Ostula, incluida su cabecera y sus 22 encargaturas, para las elecciones estatales del día 13 de noviembre de 2011 en las que se renovarán los cargos de gobernador, diputados locales y los ayuntamientos de todo el estado de Michoacán”.
La Policía Comunitaria de Guerrero, en defensa del territorio
Una de las experiencias autónomas más notables en cuanto a sistemas de impartición de justicia (aparte de las comunidades zapatistas de Chiapas, que llevan a cabo el proceso autonómico más avanzado en el país, en más de mil comunidades de 40 municipios), la protagonizan 65 comunidades de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, quienes desde hace casi 16 años se hacen cargo de su seguridad, disminuyendo la delincuencia hasta en un 90 por ciento.
En este momento, además de la seguridad de los pueblos, la Coordinadora Regional de Autoridades Autónomas (CRAC)-Policía Comunitaria, implementa un dispositivo especial para informar del inicio de la lucha contra las empresas mineras canadienses e inglesas que pretenden explotar yacimientos de oro y plata, entre otros metales, sin el consentimiento de los pueblos indígenas de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Iliatenco y Metlatónoc.
La batalla actual, advierte el coordinador, es contra las empresas mineras que significan “destrucción ambiental, envenenamiento y despojo”, por lo que “nos hemos comprometido a defender el territorio”.
Guzmán insiste en que “el enemigo es enorme, pues las minas son más peligrosas que los delincuentes”. Y ejemplo de esto es que estudiantes de la Universidad Intercultural del Sur realizaron una campaña de pintas contra las minas y fueron intimidados: “nos levantaron a un estudiante y le advirtieron que iban sobre él”, relata el coordinador, quien advierte también sobre “una campaña en algunos medios para cuestionar la impartición de justicia”, razón por la que “hay un invitación abierta a las organizaciones de derechos humanos para que observen su trabajo”.
“Nuestro pueblo ya tomo la decisión: no permitiremos la instalación de las minas en nuestros territorios. El gobierno federal, estatal y municipales, deben garantizarnos y hacer efectivo el derecho a la consulta. Tenemos el derecho histórico y preferente al uso y preservación de nuestras tierras y territorios”, informó la CRAC en un comunicado.
La historia de la Policía Comunitaria de Guerrero data de hace más de tres lustros. Juan González Rojas, uno de los fundadores y su primer coordinador, recuerda la región azotada por innumerables delitos, con la indiferencia y/o complicidad de los gobiernos en turno. Asesinatos, abigeatos, asaltos en carreteras y violaciones de mujeres eran comunes en la zona, “hasta que el pueblo de Santa Cruz del Rincón se cansó y se juntó para ver que hacía para defenderse y así empezó la policía comunitaria”.
Al gobierno, recuerda, “no le gustó la idea, pero les dijimos que no íbamos a negociar, sino a informar lo que estábamos haciendo. Entonces el gobierno nos dio un ultimátum para desarmarnos. Les dijimos que no éramos un grupo armado para enfrentarlos, sino un grupo para coadyuvar en la seguridad de la población”.
Empezaron aproximadamente diez comunidades y 16 años después son 65, cada una con su propio grupo de policías, todos ellos uniformados y equipados, aunque no cobran ni un peso por el servicio que prestan a la comunidad.
Pablo Guzmán explica que hay aproximadamente 700 policías comunitarios, “y hemos visto que entre más crecemos se vuelve más compleja la organización”. Ahora, explica, “ya no se trata sólo de detener delincuentes, ni sólo de impartir justicia y reeducarlos, sino de ir al fondo de los problemas, pues nada resolvemos si recibimos denuncias todo el día, lo que debemos atacar es el origen de las mismas, como el alcoholismo, el desempleo, la descomposición familiar, la falta de educación, etcétera”. Y en eso están.
Actualmente están formando promotores de salud comunitarios y para la producción se está trabajando en un programa de desarrollo integral. En cuanto a la educación, se está formando un equipo de comunicación y se realizan diversos talleres. Los comunitarios no rechazan la gestión de proyectos gubernamentales, pero, insiste Guzmán, “para este proceso no se necesitan recursos del Estado, pues si la gente se convence de la necesidad es seguro que le entra por convicción”.
Su relación actual con el gobierno, con todo y las órdenes de aprehensión en su contra, “es de no enfrentarnos, pues no le disputamos el poder. Sólo que nos dejen trabajar en paz”.
Felicitas Martínez Solano fue la primera mujer dentro de la policía comunitaria. Es coordinadora regional, y señala que “las mujeres en estos 16 años han sido invisibles”. No ha sido fácil su inclusión, pero, afirma, “ya no es lo mismo que antes”.
Cherán: “No inventamos nada nuevo”
La cotidianidad de la comunidad purépecha de Cherán cambió radicalmente a partir del pasado 15 de abril, fecha en la que decidieron “reactivar la autodefensa” de un pueblo asolado por los talamontes que casi terminan con sus bosques.
Cherán, al igual que Ostula hace dos años y que la Policía Comunitaria de Guerrero hace casi 16 años, decidió “poner fin a la impunidad y hacerse cargo de la defensa de su comunidad”, de acuerdo a sus sistemas normativos tradicionales. “No inventamos nada nuevo, sólo lo reivindicamos”, sostiene uno de los coordinadores de los cuatro barrios que integran esta comunidad de la Meseta Purhépecha.
Han pasado casi cinco meses desde que los pobladores de Cherán decidieron prácticamente encerrarse en su comunidad. Instalaron barricadas en todos los accesos y en las noches cerca de 200 fogatas alumbran la vigilancia de un pueblo entero que se cuida a sí mismo. Al igual que en la comunidad nahua de Ostula, las armas son más simbólicas que otra cosa: machetes, palos, hachas y una que otra escopeta de cacería.
En un recorrido nocturno a los cien días de lo que ellos llaman su “levantamiento”, los hombres, mujeres y niños permanecen en los puestos de vigilancia. El contenido humeante de las ollas de comida y café se reparte entre los guardianes. “Ya hay desgaste entre la gente pero no dejamos de organizarnos. Ahora los retos son más grandes que cuando empezamos”, señala otro de los coordinadores.
El movimiento inició cuando, cansados de la tala clandestina de sus bosques, decidieron enfrentar a quienes saquean la madera desde hace tres años. “Tocamos todas las puertas institucionales y ninguna se abrió, hasta que nos cansamos y salimos a defendernos”, relata una comunera en un puesto de vigilancia.
Los pobladores denuncian que “los talamontes, armados hasta los dientes, proceden de Capacuaro, Tanaco, Rancho Casimiro, San Lorenzo, Huecato, Rancho Morelos y Rancho Seco, y hasta el momento han destruido totalmente más de 15 mil hectáreas (80 por ciento del bosque de 20 mil hectáreas)”.
A partir de que la seguridad está en sus manos, los delitos al interior han bajado hasta en un 90 por ciento. No han logrado abatir por completo la tala, pero la han mermado de manera considerable. Asimismo, en tan sólo tres meses consiguieron bajar el alcoholismo en la comunidad en más del 50 por ciento.
La inoperancia de los aparatos de los sistemas de seguridad estatal y federal los motivaron a organizarse: “No podemos quedarnos estáticos esperando las dádivas del gobierno, por eso nos organizamos”, señalan en una de las oficinas de la Casa Comunal.
En estos momentos, afirman, “ya no sólo de las bandas delictivas hay que cuidarse, sino de los partidos políticos que quieren entrar a dividirnos. Ellos son otra invasión” y es por eso que, como sus compañeros de Ostula, decidieron que “aquí los partidos no entran”.
Actualmente está prohibida la propaganda electoral. Ni los autos ni las casas pueden exhibir pancartas o calcomanías de un partido político y si los candidatos intentan entrar “lo consideramos un acto de provocación”.
La ronda tradicional está a cargo de la seguridad de los más de 20 mil pobladores, pero “es más interna que externa, pues no podemos competir con las armas que trae la delincuencia organizada”.
La comunidad tiene ley seca desde que inició la movilización, por lo que una de las tareas de la ronda es vigilar el orden y amonestar o detener a quienes ingieren bebidas alcohólicas: “Si un compañero se emborracha y es la primera vez que lo agarramos lo exhortamos a que ya no lo haga. La segunda vez se le castiga con trabajos comunitarios, como la limpieza de las barricadas o de las fogatas. Y a tercera vez se le manda obligatoriamente a rehabilitarse a Alcohólicos Anónimos. Todo esto por decisión de la asamblea”.
Pasa el tiempo y “el gobierno sigue sin responder a nuestras demandas. Las Bases de Operaciones Mixtas que se pidieron no llegan porque, nos dicen, les falta equipo de campaña. A ellos, los del gobierno, les conviene que el problema siga así. Ven en nosotros un botín político para el próximo proceso electoral, pero la comunidad ha decidido que ni tantito van a entrar las instancias electorales”.
Por lo pronto, se han organizado brigadas de reforestación “para ir recobrando el bosque, hay limpieza de los terrenos para plantar pinos; y se están haciendo zanjas para detener el deslave”, todo esto sin participación gubernamental.
Aquí, como en las 65 comunidades de Guerreo y en la comunidad nahua de Ostula, los integrantes de la ronda tradicional son voluntarios sin sueldo. Actualmente hay cien elementos para la seguridad interna y otros cien para resguardar el territorio.
Independiente de lo que ocurra en el futuro, señalan, “el proceso que iniciamos ya no tiene regreso. Nosotros ya no le volvemos a entregar nuestra seguridad al gobierno”.
*Versión ampliada de un reportaje originalmente publicado en La Jornada
