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12-11-2011
Virginia Molinero
Pueblos
En el mundo globalizado nos encontramos la paradoja de que la movilidad de capital es cada vez más fácil mientras que el movimiento de personas se hace cada día más complicado. El cierre de fronteras que los países occidentales están aplicando en los últimos años no sólo provoca que aquellos que migran por razones económicas tengan más complicado llegar a su lugar de destino, sino que también ocasiona que muchos solicitantes de asilo no tengan la oportunidad de pedir protección internacional, al no poder llegar hasta Europa o Estados Unidos. Las vías de entrada a occidente son las mismas, ya sea para inmigrantes o refugiados, y muchas organizaciones denuncian que estas medidas hacen que cada vez menos individuos puedan acceder a los países desarrollados para pedir protección internacional.
En el caso europeo, el cierre fronterizo se está ejecutando mediante tres vías. La primera, imponiendo legislaciones más duras contra la inmigración irregular. Este es el caso, por ejemplo, de la Directiva de Retorno, la Ley de Asilo, la nueva Ley de Extranjería española o el replanteamiento de las fronteras dentro del territorio Schengen, entre otras.
La Directiva de Retorno, denominada directiva de la vergüenza por las entidades no gubernamentales, fue una de las medidas más destacadas en esta dirección. La norma abrió, entre otras cuestiones, la posibilidad en 2008 de que ciudadanos de países extracomunitarios que no tuvieran tarjeta de residencia en vigor pudieran estar retenidos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) hasta 18 meses esperando a ser expulsados. El PSOE justificó su voto a favor de esta directiva argumentando que hasta ese momento había países dentro del territorio europeo que no tenían límite de tiempo en la retención de inmigrantes irregulares en los CIE. El partido afirmó que esta norma protegía a los inmigrantes que esperaban su expulsión en países como Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Países Bajos o Suecia, aunque en la práctica, la trastrasposición de esta directiva se tradujo en un aumento del tiempo máximo de retención (de 40 a 60 días) dentro de los CIE españoles.
Nadie los quiere
La segunda vía consiste en eludir responsabilidades y no aplicando la legislación internacional. Uno de los casos más recientes lo hemos vivido en los últimos meses con las personas procedentes de los países del norte de África que han llegado hasta Italia. En abril de este año, miles de africanos huyeron desde Túnez o Libia entrando en el territorio de la Unión Europea a través del país transalpino. Ante esta situación, la nación gobernada por Berlusconi metió a estas personas en trenes con destino Francia, evitando así que muchas de ellas se instalaran en Italia. La respuesta llegó el 17 de abril, cuando el país galo cerró el paso a estos trenes. Ante esta situación grotesca, entidades de derechos humanos, incluido el ACNUR, pidieron responsabilidad a los países receptores, haciendo hincapié en que muchas de las personas que llegaban a Europa eran solicitantes de asilo.
A pesar de que la proximidad de Italia con los lugares en conflicto en el norte de África ha provocado que el número de personas que llegan hasta dicho país huyendo de la violencia haya sido mayor que en el resto de países de la Unión Europea, no debemos olvidar dos importantes factores. Primero, que el peso que soportan los países limítrofes a lugares en conflicto es infinitamente mayor a lo que pueda llegar a sufrir Europa. Y, segundo que los países de la Unión firmaron la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que define quién es un refugiado, establece los derechos de estas personas y marca las obligaciones que los estados deben cumplir para protegerles.
El ejemplo sobre el peso que soportan los países limítrofes lo podemos ver en estos días en la zona del cuerno de África. La hambruna en Somalia está obligando a miles de somalíes a emigrar y refugiarse en países como Etiopía. En estos casos, los territorios que hacen frontera con zonas de desastre tienen normalmente una situación económica muy similar a la de las zonas en crisis (sea del tipo que sea), por lo que la situación a la que se enfrentan estas naciones se hace especialmente dramática.
En el caso de las revueltas del norte de África, la llegada hasta territorio europeo de solicitantes de asilo y el intento de eludir responsabilidades de los países de la Unión Europea ha tenido más repercusión porque sus dimensiones provocaron que el asunto entrara en la agenda de los medios de comunicación. Aunque de las más sonadas, esta no ha sido la única ocasión en la que se han puesto trabas a los refugiados que han conseguido llegar hasta Europa. Organizaciones como CEAR han denunciado numerosos casos de personas de origen subsahariano que han llegado a territorio español en cayuco y que no han sido convenientemente informadas sobre su derecho a solicitar asilo, por ejemplo.
Externalización de fronteras
La tercera vía para bloquear el acceso a los países desarrollados es evitar que los inmigrantes lleguen hasta Europa, invirtiendo y colocando policía europea en los países que hacen frontera con la Unión Europea (países de tránsito) y en aquellos desde donde salen los inmigrantes. Esta medida se denomina “la externalización de las fronteras” y uno de los programa que lo ejecuta es el Frontex.
Esta iniciativa hace que, por ejemplo desde Europa se financien medidas que, de estar en suelo comunitario, serían totalmente ilegales, o que sean militares europeos los que controlen los flujos migratorios en territorio africano. El ejemplo más cercano lo tenemos en las costas mauritanas, donde fragatas de la Guardia Civil patrullan y controlan, impidiendo la salida de cayucos hacia España.
Sobre la colaboración de gobiernos europeos en la financiación de estructuras que impiden la salida de inmigrantes hasta nuestras costas, uno de los ejemplos más claros es el centro de internamiento de extranjeros que fue construido por el Gobierno español en Mauritania y al que las ONG pusieron el nombre de Guantanamito. Amnistía Internacional sacó un informe en 2008 sobre este lugar donde exigía responsabilidades al Gobierno español por la construcción del centro detención de Nuadibú. “Un limbo legal donde los emigrantes a menudo son maltratados y permanecen hacinados mientras esperan a ser enviados a Malí y Senegal, independientemente de su país de origen”, denunciaba el informe.
Por su parte, estos países de tránsito juegan un doble papel en el control de los flujos y en muchas ocasiones utilizan esta problemática como medida de presión a los gobiernos occidentales. La gendarmería marroquí puede hacer un duro y eficaz trabajo para controlar los flujos y llegar incluso a abandonar en medio del desierto a inmigrantes subsaharianos, hechos que llevan denunciando desde el 2006 entidades como Médicos del Mundo. O bien puede hacer su frontera más permeable, situación que suele coincidir con momentos de negociaciones económicas con Europa. En este sentido, los países de tránsito tienen una manera de presión muy eficaz que utilizan como moneda de cambio con Europa.
Por último, subrayar que estos países de tránsito son prioritarios para la cooperación española y que muchos de ellos empezaron a serlo en el momento en que se convirtieron en la última parada que los inmigrantes irregulares utilizan antes de llegar a Europa.
Estas medidas de cierre de fronteras impiden que miles de personas lleguen hasta occidente. En pocas ocasiones se migra por capricho, son muchos los que se ven obligados a hacerlo por causas ajenas a ellos mismos y muchas veces éstas han sido provocadas por los mismos países que ahora externalizan sus fronteras. Las catástrofes alimentarias o medioambientales se unen a los conflictos bélicos y llevan a que miles de personas tengan que huir de sus lugares de origen.
* Virginia Molinero es periodista y presidenta de la asociación Comunicadores por la Integración y la Cooperación (CIC).
Este artículo ha sido publicado en el nº 48 de Pueblos - Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2011.
Fuente: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article2273
