Uruguay: Paro total en protesta por medidas económicas

Paralizado Uruguay por protesta contra neoliberalismo
Montevideo-. Uruguay quedo paralizado por una protesta general de 24 horas contra el nuevo ajuste fiscal aprobado por el gobierno del presidente Jorge Batlle bajo la receta del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El paro fue convocado por la Central Unica de Trabajadores PIT-CNT en demanda de fuentes de trabajo, mejor salario y contra el nuevo apreton de cinturones propuesto por el Ejecutivo y aprobado en el parlamento con votos de los Partidos Colorado y Nacional.
Sin transportes amanecieron esta capital y otras ciudades del país, donde se mantienen cerrados bancos públicos y privados, y centros de enseñanza como consecuencia de la huelga.
Gremios de estudiantes y docentes convocaron a sus afiliados a sumarse a la manifestación popular con una concentración ante la escalinata de la Universidad de la República, ubicada sobre la principal avenida capitalina 18 de julio.
Tampoco se presentaron a laborar los funcionarios del Estado, por lo que Ministerios, Empresas Estatales y la Corte Electoral mantendrán sus puertas cerradas.
La salud pública y privada se sumó a la protesta manteniendo como en otras ocasiones, una guardia gremial que permite atender los casos de mayor urgencia.
El paro general contempla importantes concentraciones en seis puntos de esta ciudad, así como en todas las capitales departamentales (provinciales) del país, donde se dió lectura a una proclama de la central obrera.
Mientras tanto, el movimiento nacional de desocupados instó a los uruguayos a sumarse a los trabajadores con afluencia masiva a actos en zonas humildes como el Cerro y la Teja, según los organizadores.
De acuerdo con fuentes del Instituto Cuesta-Duarte, unos 250 mil ciudadanos hizo concentraciones de protesta con paros y cacerolazos contra la política económica de gobierno.

La administración del presidente Batlle decretó la ley denominada de equilibrio fiscal donde se aplican nuevos impuestos a salarios de trabajadores y pasividades, mientras también se afecta el consumo de leche, agua potable y servicios como las telecomunicaciones. Aprobada en el parlamento nacional con los votos en contra del izquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), la medida radical fue solicitada por el FMI a cambio de la eventual extensión del crédito. El organismo financiero internacional orientó al gobierno en la implementación de nuevos ajustes e impuestos, con los que supuestamente logrará reducir su déficit fiscal.